El presidente canario, Ángel Víctor Torres, con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. / EUROPA PRESS

El Estado rectifica y cierra la puerta a las regasificadoras en el archipiélago

La corrección se plasma como disposición adicional en el decreto que pone límite al precio del gas, aprobado ayer en Consejo de Ministros

Loreto Gutiérrez
LORETO GUTIÉRREZ Madrid

La marcha atrás a la liberalización de las plantas regasificadoras en Canarias quedó plasmada finalmente ayer en Consejo de Ministros, mes y medio después de que el Gobierno de Sánchez las autorizara sin previo aviso en el decreto ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico de la guerra de Ucrania, aprobado el 29 de marzo.

La vía elegida para la rectificación que demandaba el Gobierno de Canarias, contrario a la instalación de regasificadoras en las islas, ha sido de nuevo una disposición adicional a un decreto ley, en este caso el que incluye en mecanismo para poner tope al precio del gas y rebajar la factura eléctrica de los consumidores, que el Ejecutivo aprobó ayer en un Consejo de Ministros Extraordinario.

SIN INTERPRETACIONES

  • Contenido El texto concreto de la disposición adicional se conocerá con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

  • Acuerdo El objetivo es evitar interpretaciones y ajustar la ley a la estrategia energética marcada por el Gobierno canario.

  • Corrección Inicialmente se barajó una enmienda en el Congreso, pero se optó por el decreto como vía más rápida.

  • Plantas La modificación cierra la puerta a las regasificadoras de Arinaga (Gran Canaria ) y Granadilla (Tenerife).

La redacción concreta de la disposición adicional que revierte la autorización de las regasificadoras en las islas se conocerá con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que según adelantó ayer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se producirá hoy mismo o el lunes.

Pero según ha señalado el Gobierno canario, que lleva semanas negociando el contenido con el Estado, el objetivo es que el texto legislativo no deje lugar a interpretaciones y sea coherente con la estrategia energética marcada para el archipiélago, en la que solo se prevé la entrada del gas como medio de transición para el hidrógeno verde, además de para el abastecimiento de buques y de las centrales que producen energía eléctrica, sin margen para autorizar la comercialización fuera de esos ámbitos ni su canalización a través de gaseoductos.

En un primer momento, cuando el decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra fue convalidado por el Congreso y se aprobó su tramitación como proyecto de ley, se abrió la puerta a la posibilidad de que la corrección se hiciera mediante una enmienda, cuyo plazo de presentación culmina el 17 de mayo. Algunas formaciones políticas como NC ya habían anunciado de hecho su intención de enmendar el proyecto de ley para revertir la liberalización de las regasificadoras por vía parlamentaria.

Sin embargo, en los contactos que el Gobierno canario ha venido manteniendo con los ministerios de Transición Ecológica y de Presidencia para buscar una solución, fue ganando terreno la opción de incorporar una disposición adicional a otro decreto ley como fórmula para aclarar las limitaciones del uso del gas en el archipiélago.

El motivo de la elección de esta vía en lugar de esperar al trámite de enmiendas, según fuentes de la negociación, es corregir lo antes posible el «error» que en el decreto vigente desde el 1 de abril otorga vía libre a la construcción de las plantas regasificadoras de Arinaga (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife), que el Ejecutivo canario ya había descartado porque no se ajustan al modelo energético de las islas.

Al haberla incorporado en el decreto que pone tope al precio mayorista del gas para abaratar la electricidad, la disposición adicional que revierte la liberalización del gas en Canarias entrará en vigor de forma inmediata con su publicación en el BOE, semanas antes de que el Congreso de los diputados apruebe la convalidación definitiva del plan nacional de respuesta a la guerra, cuyo trámite parlamentario aún se va a dilatar en torno a mes y medio.

Con la modificación incorporada al decreto aprobado ayer, el Estado da respuesta a la demanda del Ejecutivo canario de corregir el texto legal por la vía más rápida y de acuerdo con el modelo energético de las islas.