El Supremo confirma que la Fiscalía se excedió al investigar a Rosell

13/07/2017

El alto tribunal anula la sentencia del TSJC que consideró que la Fiscalía no tiene competencias para incoar unas diligencias preprocesales en materia disciplinaria a los jueces.

El Supremo ha confirmado la nulidad de la investigación que realizó la Fiscalía a la juez Rosell, al entender que invadió competencias de los jueces y vulneró su derecho de defensa. No obstante, el Alto Tribunal establece que el fiscal sí puede abrir investigaciones muy preliminares a los jueces.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo cerró ayer el litigio entre la Fiscalía de Las Palmas y la magistrada Victoria Rosell con una decisión ni– para–tí–ni–para–mí que, si bien confirma que el Ministerio Público se excedió en su celo investigador sobre la juez, su pareja sentimental [el periodista Carlos Sosa] y las relaciones mercantiles de ésta con el empresario Miguel Ángel Ramírez [investigado en el Juzgado de Rosell], asevera que no tanto como había proclamado en marzo de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En síntesis; el TSJC sostuvo hace 16 meses que el fiscal había abierto una investigación sin competencias –a los jueces sólo los pueden investigar los jueces, vino a decir– y había vulnerado derechos electorales de la juez –en aquella época diputada de Podemos– al emitir una nota de prensa informando de su investigación.

Panasco. El Supremo estima parcialmente las alegaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, y afirma que en contra de lo sostenido por la Sala canaria, el fiscal sí tiene competencias para investigar a los jueces –eso sí, de forma preliminar, cuatro datos y expediente al Consejo General del Poder Judicial– y que la emisión de la nota de prensa sobre el asunto Rosell no desveló ningún dato que no conocieran ya los medios.

Así, legitima la actuación del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, cuando dictó el decreto que incoó las diligencias preprocesales contra Rosell el 23 de noviembre de 2015 –apoyándose en una denuncia «anónima» que aportaba un contrato entre Sosa y Ramírez–, nombró a la fiscal Eva Ríos como tramitadora de las diligencias e hizo pesquisas en el Registro Mercantil y en la radio en la que se habló del contrato, pero no acepta que Ríos tomara declaración al director general de la UD Patricio Viñayo o pidiera información al CGPJ sobre la fecha en la que Rosell había pedido la excedencia. A juicio del Alto Tribunal, ahí se vulneró el derecho de Rosell a un proceso con todas las garantías.

Interrogar a Viñayo superó la línea

A juicio de la Sala, cuando la fiscal Eva Ríos citó al director general de la Unión Deportiva Patricio Viñayo –uno de los firmantes del contrato por el que la UD compraba una emisora de radio a Sosa– y le requirió para que aportase el comprobante de pago previsto en el contrato, «estaba efectuando una actuación de naturaleza probatoria que pudiera condicionar desde ese momento (...) el ejercicio pleno del derecho de defensa en el procedimiento disciplinario que pudiera incoarse (...), máxime cuando esta diligencia, de carácter marcadamente probatorio, se realizó sin observar los principios de contradicción y defensa que exige el artículo 5.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».

Entiende el Supremo que en esta testifical y en la petición de datos al CGPJ sobre la situación de Rosell «cabe apreciar una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías», pues la investigación «ya había madurado lo suficiente para dirigir la denuncia al Consejo General del Poder Judicial , y en lugar de ello la Fiscalía prosigue».

Tres jueces discrepan del fallo

En diversos foros judiciales se esperaba la sentencia del Supremo que hoy ocupa estas líneas y no tanto por la controversia entre Rosell y los fiscales, sino por lo que se ventila en el fondo: si un fiscal tiene competencias para investigar a un juez, lo que negaba la Sala canaria y que ahora ha legitimado el Supremo, eso sí, en una sentencia peliaguda que se deliberó con tremendas tensiones y con cambio de ponente y en el que emiten voto particular tres de los siete magistrados –Pablo Lucas, Pilar Teso y José Luis Requero– defendiendo que la potestad para investigar a los jueces es exclusiva del Consejo General del Poder Judicial. El fallo no parece ser punto final, sino inicio de un debate en el que, afirmaban algunos sectores, alguna palabra tendrán que decir las Asociaciones Judiciales, si bien es cierto que ni siquiera la doctrina del Supremo es ya aquella columna de alabastro imperturbable de antaño.

“El fiscal se excedió, pero sin apartarse del principio de legalidad”

La misma sentencia que aprecia la vulneración de un derecho constitucional por parte del Ministerio Público a la magistrada Victoria Rosell afirma que su «exceso en la tramitación» de la investigación a la entonces diputada de Podemos «no desvirtúa que el Ministerio Fiscal se haya apartado en ningún momento de los principios de legalidad e imparcialidad que deben de presidir su actuación».

La Sala sólo admite las alegaciones de Victoria Rosell en cuenta a la vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías –recogido en el artículo 24.2 de la Constitución– y rechaza sus alegaciones sobre la «falta de imparcialidad» y la «enemistad pública» entre la juez, el fiscal jefe Guillermo García-Panasco y la fiscal de delitos económicos Eva Ríos.

Asevera el Alto Tribunal que las alegaciones en este sentido de Rosell «carecen de todo soporte probatorio, por lo que no pueden ser acogidas».

No obstante, la magistrada Victoria Rosell manifestó ayer a la agencia Efe que cree que el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, debe dimitir después de que el Supremo haya declarado nula la investigación preliminar que la Fiscalía realizó sobre ella en 2015, en la que estima que invadió competencias reservadas al CGPJ y vulneró el derecho de defensa de la magistrada.

La magistrada recalcó que esta investigación se enmarcó en la campaña de las elecciones generales de diciembre de 2015, a las que ella se presentó como candidata de Podemos al Congreso por Las Palmas.

  • 1

    ¿Deben facilitar los partidos políticos que gobierne la lista más votada en los dos días posteriores a las elecciones, como propone Pedro Sánchez?

    Sí.
    No.
    Ns / Nc.
    Votar Ver Resultados