El informe que Negrín ocultó al Parlamento

El 21 de julio, siete días después de la firma de esa memoria por parte de Martín Orozco, Santiago Negrín compareció ante la Comisión de Control del Parlamento de Canarias. Allí se escudó en un dictamen previo de Martín Orozco para justificar el hecho de que se erigiera en órgano unipersonal de contratación del citado concurso, haciendo valer para ello su condición de administrador único de la sociedad mercantil Televisión Canaria y lo contenido en el artículo 19.2.n de la ley 13/2014.

Ya en aquella sesión parlamentaria, que acabó de manera tormentosa al marcharse los representantes de la oposición después de que Negrín descalificara su trabajo, los diputados le advirtieron de las dudas legales sobre esa interpretación de la ley que regula la radio y la televisión autonómicas, pues en el articulado de la misma se recoge expresamente que los contratos por cuantía superior a un millón de euros y de tipo plurianual son competencia del Consejo Rector, y no del presidente. Fue ahí donde Negrín utilizó un escrito de Martín Orozco de enero de ese año como su parapeto, pero ocultando esta segunda memoria cuyo contenido revela CANARIAS7.

Procedimientos previos. En la misma se plantea una forma de proceder, de acuerdo a la ley de RTVC y diferentes normativas administrativas, que no fue seguida por Negrín. Así, se le advierte de que el inicio del procedimiento de licitación debe venir precedido «de la aprobación en el Consejo Rector de RTVC, del anteproyecto de presupuestos para 2018 que dé cobertura explícita a la contratación proyectada por Televisión Canaria, en su importe y plurianualidad». La aprobación del anteproyecto presupuestario no se ha producido aún, pese a lo cual Negrín convocó el concurso en pleno mes de agosto.

De especial relevancia es la mención que hace Martín Orozco al hecho de que el concurso de informativos supone una externalización de servicios, pues la continuidad de ese modelo obliga a contar con un acuerdo previo del Consejo Rector, como se recoge en los artículos 24, 15.4.f y 7.5 de la Ley 13/2014. El citado jurista los reproduce en su informe y concluye seguidamente: «La competencia, por tanto, para decidir sobre la eventual renovación del modelo de gestión que subyace en los pliegos no se corresponde al presidente de RTVC -cualquiera que fuera su capacidad y competencia como órgano de contratación- sino que está residenciada legalmente en el Consejo Rector de RTVC, debiendo traducirse, de proceder, en un acuerdo o decisión autorizada de la renovación del modelo que tendría que concretar, cuando menos: el ámbito funcional sobre el que se proyecta la eventual externalización (en este caso, los programas informativos); el tipo de prestación que se externalizaría (en este caso, el servicio de prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de programas informativos); la duración de la externalización», y en cuanto al presupuesto de la externalización, puntualiza que sería fruto «más bien del acuerdo aprobatorio del anteproyecto de presupuestos, que correspondería igualmente al Consejo Rector». Pese a todas esas advertencias, Negrín tampoco llevó al Consejo esa propuesta de continuar con la externalización de los informativos.

Informe del Gobierno. Por si fuera poco, la memoria explicativa de Martín Orozco señala en su página undécima, en el apartado relativo a «Informes que deben preceder a la aprobación de los pliegos», uno del que se ha hablado mucho en las últimas semanas y que, según el Gobierno de Canarias, no tiene por qué emitirse: «Informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias sobre el pliego; informe cuya solicitud/emisión estaría amparada en el artículo 115.6 del TRCSP [Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público], puesto en relación con el artículo 20.k del Decreto 19/1992, 7 de febrero, y art. 24.3 del Decreto 153/2001, 23 de julio, y que debería ser expresamente solicitado por el presidente de Radiotelevisión Canaria».

Tanto la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, como el presidente Fernando Clavijo han reiterado en sede parlamentaria y en declaraciones a los medios de comunicación que el Gobierno no tiene competencia alguna sobre RTVC y que por tanto carece de sentido que los Servicios Jurídicos informen sobre el concurso. Los dos señalaron al Parlamento como el competente para fiscalizar los contratos de RTVC y sus sociedades, y lo mismo hizo el presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma, Pedro Gómez -dependiente de Hacienda-, al inadmitir un recurso contra el pliego presentado por la empresa Videoreport Canarias. El pasado jueves CANARIAS7 desveló la existencia de un informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento que contradice al Gobierno, por cuanto concluye que la Cámara solo hace un control «político» de RTVC y no fiscaliza sus contratos.

El Consejo tampoco lo sabía. Para más inri, Negrín tampoco informó al Consejo Rector del contenido de la memoria de Martín Orozco cuando aquel 21 de julio, tras acabar la sesión parlamentaria, se reunió con los también consejeros Alberto Padrón y María Lorenzo. Fue otra sesión tormentosa, en la que Negrín había incluido en el orden del día la «dación de cuentas» del inicio del procedimiento para convocar el concurso, y donde Padrón y Lorenzo le conminaron a no seguir adelante por las dudas legales existentes sobre el procedimiento. De nuevo, Negrín se escudó en el primer informe de Martín Orozco sobre su condición de administrador único de Televisión Canaria como justificación para convocar el concurso, pero omitió este dictamen que ahora releva este periódico y que pone en evidencia que el propio Orozco le instaba a no saltarse al Consejo Rector.

Desde entonces, no consta que Negrín haya comunicado a Alberto Padrón y María Lorenzo el contenido del informe de Martín Orozco fechado en julio. Lo que sí ha hecho desde que convocó el concurso de informativos de Televisión Canaria es introducir modificaciones en tres ocasiones en los pliegos.

Esta semana, tras conocerse el dictamen de los juristas del Parlamento contradiciendo al Gobierno sobre esa fiscalización de los contratos de RTVC y de sus sociedades, prácticamente todos los partidos de la oposición han coincidido en que el Ejecutivo de Fernando Clavijo no puede seguir «pasando la pelota» al Parlamento y debe implicarse en la solución de la «crisis» que vive RTVC.

Dos años en precario. Santiago Negrín gobierna Radiotelevisión Canaria en precario desde hace casi dos años. En diciembre de 2015 dimitieron las consejeras María José Bravo de Laguna, propuesta en su día por el Partido Popular, y Marian Álvarez, designada tras ser presentada su candidatura por Coalición Canaria. Quedaron entonces en el Consejo Santiago Negrín -avalado por CC-; Alberto Padrón -propuesto por el PP- y María Lorenzo -presentada por los socialistas-. A esa precariedad se añadió la baja de la secretaria del Consejo, suplida in extremis y en procedimiento cuestionado por los partidos de la oposición. Negrín cuenta hasta la fecha con el respaldo de Coalición Canaria y del Gobierno de Canarias, en conexión directa con Presidencia por la vía del viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, y la directora de Relaciones Institucionales de RTVC, Daida I. Rodríguez.