El Gobierno prevé crear un ente que gestione los derechos sociales

Explica Martínez que a finales del año pasado, en torno a 6.000 unidades de convivencia recibían la PCI, una cifra que se espera duplicar este año. Sin embargo, el problema para el Gobierno de Canarias es «cómo se gestiona, porque no es sólo disponer del dinero». A su juicio, si no se pone en marcha «un instrumento o un mecanismo de gestión ágil con mucho personal, no se podrá dar respuesta a esa ampliación de la PCI ni a la renta ciudadana» que se empezará a implantar por fases el próximo año.

Apunta la viceconsejera que disponer desde la propia consejería de los recursos humanos y materiales necesarios «es más complicado y a muy largo plazo», no solo desde el punto de vista administrativo sino económico por las limitaciones que impone la ley de estabilidad. Por eso, «tenemos que ir más allá y hemos planteado la creación de un organismo o instituto que se encargue de esa gestión». Si no, «no va a funcionar», insiste.

Aunque no quiso detallar cuánto personal se necesita para llevar a cabo esta tarea, sí manifestó que «esta Consejería es un erial, y si no somos capaces de gestionar una PCI con 6.000 unidades de convivencia, olvidémonos de gestionar 11.000»

Apostilló que los derechos sociales son un «asunto prioritario» para el Gobierno de Torres y para ejecutar las políticas previstas «queremos dotarnos de personal y herramientas», sobre todo ante la puesta en marcha el próximo año de la renta ciudadana, en cuyo anteproyecto de ley trabaja la Consejería de Derechos Sociales. En este sentido, y en paralelo a la preceptiva exposición pública, la viceconsejera está preparando, junto con los departamentos de Hacienda y Presidencia, dos estudios sobre el coste económico y social de esta iniciativa y cuyos resultados estarán en marzo o abril.

Asimismo, se están llevando a cabo reuniones y jornadas con los servicios sociales municipales, ONG y colectivos que reciben la PCI para conocer su valoración y además se está siguiendo el trabajo que hacen en otras comunidades que tienen en marcha las rentas de ciudadanía, como País Vasco o Navarra.

El Gobierno estima que Ley de la renta ciudadana llegará a la Cámara en octubre -porque así lo establece la Ley de Servicios Sociales- y que durante el próximo año se comenzará a implantar por fases, atendiendo primero a los colectivos más vulnerables. En el trámite parlamentario juegan a favor el consenso que existe en torno a este asunto y que es una demanda recogida en el Estatuto.

Por ahora, lo que está haciendo la Consejería es «armar» la norma «que va a mejorar la PCI claramente», aunque aún no se ha definido su cuantía, ya que dependerá del indicador que se utilice, según señala Gemma Martínez. En cualquier caso, indica que «esta renta por sí sola no va a solucionar los problemas sociales de Canarias. Es un instrumento que se debe unir a una política más adecuada de vivienda, empleo o a una economía que diversifique... Todos debemos sumar para revertir la situación». De momento, la ampliación de la PCI es un paso previo a esta renta, que se pondrá en marcha «en tiempo récord».