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Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 1 de enero 1970
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La crisis que empezó en 2008 y la política de austeridad que se impuso en la Unión Europea (UE), hizo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que, por entonces dirigía Cristóbal Montoro, atase en corto a todas las comunidades autónomas.
El Gobierno de Canarias aprobó en 2011 el Plan de Medidas de Disciplina Presupuestaria para las Empresas Públicas y Fundaciones así como, un año más tarde, la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales. Ahora, la Audiencia de Cuentas ha fiscalizado el resultado de ambos.
Las previsiones del ministerio para el sector público autonómico se tradujeron en la necesidad de liquidar un total de 17 entes -incluye organismos autónomos, entidades públicas empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y entes públicos- en el período 2011-2016. Sin embargo, el Gobierno de Paulino Rivero primero, y el de Fernando Clavijo después, solo han liquidado 14 y han dado de alta 6 nuevos entes.
Según la estadística del ministerio que reproduce la Audiencia de Cuentas en su informe, el sector público canario contaba en 2010 con 88 entes; a 1 de enero de 2017 son 74. El ministerio pretendió que llegaran solo a 71 pero ha habido únicamente 18 bajas efectivas y 6 altas efectivas, con lo que la reestructuración se salda con 12 entes.
Entre los afectados por órdenes de liquidación, figuran la Fundación para la Promoción de la Educación, la del Conservatorio Superior de Música, el Consejo de la Juventud -el Gobierno de Clavijo ha decidido reactivarlo-, la Academia Canaria de Seguridad, la Fundación para la Prevención de las Drogodependencias, Sogarte, Sogapyme.
Se han creado Las Palmas de Gran Canaria Sociedad Anónima -2011-, Funcanis -2014-, Agencia Tributaria Canaria -2014-, Sociedad de Avales de Canarias -2014-, Fundación para el Desarrollo de la Universidad de La Laguna -2015- y Fundación Monumento a la Tolerancia en la Montaña de Tindaya -2016-.
La Audiencia de Cuentas pone de relieve que algunas liquidaciones no han culminado. Así, el Gobierno de 2011 estableció liquidar la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación pero «todavía no se ha inscrito en el registro». Lo mismo pasa con Gestur Las Palmas; en 2013 se toma el acuerdo «sin que se haya culminado a la fecha actual el proceso de liquidación, al no haber finalizado los diferentes litigios en los que se haya incursa».
Por otra parte, desde 2013, las leyes de presupuestos establecen que el Gobierno tiene que aprobar un decreto para formalizar la extinción o fusión de las entidades del sector público y después, dar cuenta de ello al Parlamento. «No se tiene constancia de que se haya formalizado dicho decreto para la fusión de las fundaciones ni para la disolución de Gestur CajaCanarias», según se expone en el informe de fiscalización.
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