El Estado amenaza a las islas con el Constitucional por los puertos deportivos

02/07/2019

El Gobierno de CC aprovechó la tramitación de la Ley de islas verdes para colar un cambio normativo que permite alargar las concesiones para la gestión de los atraques en Canarias. Fomento espera por el nuevo Ejecutivo progresista para evitar un conflicto en los tribunales

El Estado amenaza al Gobierno regional con abrir un litigio en el Tribunal Constitucional si no da marcha atrás a un cambio normativo que permite alargar la vida de las concesiones de puertos deportivos en las islas. Esta decisión contraviene el mandato de la Unión Europea y se coló durante la tramitación de la Ley de islas verdes en el último pleno del Parlamento regional de la pasada legislatura.

Por el momento, el Ministerio de Fomento está a la espera de que se conforme el nuevo Ejecutivo liderado por Ángel Víctor Torres para intentar llegar a un arreglo sin acudir a los tribunales, algo que también hizo cuando el Gobierno de Andalucía de Susana Díaz intentó saltarse el criterio impuesto por la UE.

Según publicó este lunes el digital El Confidencial, en el último pleno de la legislatura, en una disposición final de la Ley de islas verdes, el Parlamento canario aprobó a finales de marzo una ley que prorroga la concesión de los puertos deportivos, en manos de empresarios canarios y que, según la ley estatal, deberían empezar a abrirse a la competencia. La Comunidad ya lo intentó en 2017, pero entonces Fomento lo evitó al pactar una interpretación que vaciaba de contenido la reforma. Ahora, el ministerio que dirige José Luis Ábalos afirma que reunirá la comisión bilateral para que se cumplan la ley de Costas y la de Puertos.

Negocio lucrativo

El citado periódico digital recuerda que «las concesiones de los puertos deportivos son en algunos casos un lucrativo negocio. La ley de Costas, de 1988, y la de Puertos, de 1992, establecieron un límite al plazo de la concesión». En los próximos años empiezan a vencer las concesiones y, de acuerdo con una sentencia europea, deberían abrirse a la competencia. «Pero hay comunidades autónomas, competentes sobre estos puertos, no sobre los grandes de interés general, que están buscando caminos para evitar esto. Los clubes náuticos tienen mucha implantación local y hay empresarios que se oponen a la liberalización», explica el confidencial.

Este medio cuenta que en 2017, Canarias ya aprobó «por la puerta de atrás» una ley para alargar las concesiones. Entonces, Puertos del Estado convocó la comisión bilateral que analiza las normas autonómicas antes de ir al Constitucional y «pactaron una interpretación que la vaciaba de contenido. También Andalucía aprobó una proposición de ley similar con acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos que permitía alargar la vida de joyas como Puerto Banús o Sotogrande sin salir a concurso.

Aunque hay interpretaciones jurídicas para todos los gustos, el Supremo y la Abogacía del Estado coinciden en que los plazos no son infinitos. «En ningún caso es posible admitir para dichas concesiones plazos que, prorrogados, lleguen hasta los 75 años desde la fecha de su otorgamiento», afirma un informe de Puertos del Estado que señala que lo máximo para una concesión, incluida la prórroga, es de 50 años, plazo que por ejemplo ya habría superado Puerto Banús.

Con prisas

El pasado abril, en el último pleno de la legislatura autonómica, el Parlamento canario aprobó la ley de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. En esa ley, sobre usos turísticos y una de las reivindicaciones del polémico Casimiro Curbelo, se incluía una disposición transitoria sobre la «prórroga de las concesiones de los puertos deportivos otorgadas al amparo de la normativa anterior». La norma permite a los gestores de los puertos pedir un nuevo plazo de concesión sin abrirlos a la competencia. Puerto Rico (Gran Canaria), Los Gigantes (Tenerife), Puerto Mogán (Gran Canaria) y Puerto Calero (Lanzarote) serían algunos de los puertos que se podrían beneficiar de esta prórroga. Los puertos deportivos pagan un canon a la Administración autonómica, pero la apertura a la competencia podría aumentar la recaudación.

Observaciones pendientes

El problema para los concesionarios es que al Ministerio de Fomento no se le ha escapado esa modificación legal. «Puertos del Estado formuló una serie de observaciones, relativas a esa prórroga de las concesiones de los puertos deportivos, y Fomento las trasladó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública proponiendo el inicio del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional», según un portavoz del departamento que dirige José Luis Ábalos.

Ese procedimiento supone que la Comunidad Autónoma y el Gobierno estudian en una comisión bilateral el texto antes de acudir al Constitucional. La reunión estaba prevista para final de mes pero el cambio del Ejecutivo en Canarias, tras el pacto PSOE, Nueva Canarias, Podemos y el partido ASG de La Gomera, lo retrasará previsiblemente. Madrid confía en que habrá más sintonía para solucionar conflicto si al frente de Fomento y de Obras Públicas hay dirigentes socialistas.

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