La primera macrocausa por corrupción, 12 años después

El caso eólico, a juicio en junio de 2018

09/11/2017

Un jurado constituido ante la Audiencia Provincial de Las Palmas bajo la presidencia del magistrado Pedro Herrera juzgará el caso eólico en la Ciudad de la Justicia capitalina a partir del 13 de junio de 2018. Este miércoles se notificó el auto de hechos justiciables.

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En el macrojuicio por la primera gran causa de presunta corrupción política que se vivió en Canarias en la década pasada, se sentarán en el banquillo de los acusados el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo (PP), su mujer, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana; el funcionario de la Consejería de Industria Honorato López Torres, los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel y el abogado Alfredo Briganty.

Las previsiones del Tribunal, difundidas ayer en primicia por la edición electrónica de CANARIAS7, apuntan a que las sesiones del plenario se prolongarán al menos durante cinco semanas, hasta finales del mes de julio.

La Fiscalía solicita penas que oscilan entre un año y seis meses y siete años de prisión para los seis acusados por la trama eólica de presunta corrupción en torno al concurso convocado en su día por el Gobierno de Canarias. La Fiscalía acusa a Celso Perdomo, Mónica Quintana, Alfredo Briganty, Honorato López, Enrique Guzmán y el empresario Esquível.

Los cargos que imputa la Fiscalía son los siguientes: malversación de fondos públicos, revelación de secreto y cohecho.

En principio, a Celso Perdomo la Fiscalía solicita siete años de prisión por malversación de caudales públicos, cohecho y revelación de secretos, mientras que a Mónica Quintana le piden tres años y medio de condena por malversación de caudales públicos y cohecho. Anticorrupción acusa de cohecho y tráfico de influencias a Honorato López, por lo que se pide dos años de prisión. Por último, a José Ignacio Esquivel, Enrique Guzmán y Alfredo Briganty se le pide un año y medio de prisión.

En la causa constan dos acusaciones particulares personadas: el Gobierno de Canarias, representado por el abogado de la Comunidad Autónoma, y la forma Clean Electric 1725 SL, defendida por el abogado Juan Sánchez Limiñana.