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Juan Márquez. / Diputado de Podemos en el Parlamento de Canarias
Jueves, 1 de enero 1970
Una jugada maestra es controlar a través de un mismo contrato la línea editorial de los medios públicos y de los principales medios privados de Canarias. Aunque pagada con dinero de todas y todos, ésta es una jugada con marca propia, Coalición Canaria S.A. Una operación fundamentada en la externalización de los servicios informativos de la televisión autonómica y que consiste en colocar detrás de la millonaria adjudicación a los principales medios de comunicación y sus empresarios, que han abrazado las tesis de la formación nacionalista.
Un modelo que tiene un coste acumulado de más de 400 millones de euros desde la inauguración del ente público. Una cantidad ingente para unos informativos privatizados que han generado una descapitalización del medio. La televisión no tiene nada en propiedad salvo una unidad móvil desfasada, mientras que todo lo demás pertenece a las empresas adjudicatarias. Desde un punto de vista económico no hay justificación alguna para esta privatización.
Como tampoco hay justificación alguna para la prisa del señor Negrín, presidente de la Radio Televisión Canaria y exjefe de informativos de la Cadena Ser. Prisa por sacar el concurso de los servicios informativos cuando este no expira hasta el 1 de julio de 2018. Un año antes de que finalice el mismo, el señor Negrín ya ha anunciado que inicia el procedimiento apoyándose en un informe elaborado por la misma persona que hizo el proyecto de Reglamento Orgánico de RTVC, calificado poco menos de chapuza jurídica por el Consejo Consultivo.
No es casualidad que se olvidaran de incluir en aquel proyecto de Reglamento, tal y como les recuerda el Consultivo, las normas de organización y funcionamiento del Consejo de Informativos como establece la Ley de RTVC. Desde la llegada del señor Negrín no se ha conformado dicho Consejo de Informativos, incumpliendo lo establecido en artículo 23 de dicha Ley, y por tanto, impidiendo que se pueda «velar por la independencia de los profesionales de la información ante la dirección de cada sociedad, ante las administraciones públicas en general y ante cualesquiera otras organizaciones públicas o privadas» o tampoco «promover la independencia editorial del ente público RTVC y sus sociedades, de acuerdo con lo previsto en la legislación general audiovisual y en esta ley en lo referido a sus funciones de servicio público».
Sin embargo, Negrín, con la prisa por sacar el fastuoso concurso de informativos, se olvidó del vencimiento del contrato para el transporte de la señal que finaliza este mes de agosto y que podría hacer que la Televisión Canaria se fuera a negro. No parece una prioridad para el presidente de la Radio Televisión Canaria. Por tanto, si el 31 de agosto se le apaga la televisión mientras Clint Eastwood le apunta a la cara con su rifle, ya sabe quién es el culpable.
Y mientras todo esto ocurre, el Consejo Rector de la Radio Televisión Canaria está funcionando a trompicones después de la dimisión de dos de sus consejeras, una de ellas la vicepresidenta, a los pocos meses de tomar posesión. Ellas mismas informaron al Parlamento de una serie de irregularidades que se podían estar cometiendo en la gestión del ente público. A pesar de todo ello, El bueno, el feo y el malo siguen al galope, de momento.
Negrín, en su huida hacia delante y acompañado del viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, José Luis Méndez, y del consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, pretende seguir autorizando la contratación de determinados programas sin las garantías suficientes para la concurrencia pública, es decir a dedo, con un informe firmado sólo por él, que es del todo insuficiente.
La Televisión Canaria sigue funcionando gracias al enorme trabajo que realizan los profesionales del ente, trabajadores que han sufrido una drástica reducción de la plantilla en el año 2012. A ellos debemos agradecer el esfuerzo que hacen cada día, a pesar de las ineptitudes políticas, y más cuando muchos de estos trabajadores no son públicos debido a la externalización de los servicios. Con esta situación y con condiciones laborales precarias es complicado que estos profesionales alcen la voz ante la manipulación informativa y la deriva en la que se encuentra la Radio Televisión Canaria.
Debemos recordar además que la Televisión Canaria no es un medio generalista, no debe competir con canales como Tele 5 o La Sexta. Es un servicio público, con una vocación pública, algo que parece haber olvidado Coalición Canaria, suponemos que es porque está inmersa en su propio spaghetti western. Debemos salir del marco mainstream para entender el significado de una radiotelevisión pública autonómica, una potente herramienta para la potenciación de nuestra cohesión territorial y social, el altavoz de nuestra cultura y el motor del sector audiovisual canario. Es, en su origen, el mejor instrumento para la producción de contenidos audiovisuales propios, para colocar nuestro relato en un mundo globalizado y hacerlo gracias a las ayudas a la producción, comprando y produciendo contenidos que generan una programación de calidad desde el sector industrial canario. La Radio Televisión Canaria, sin embargo, ha incumplido este cometido limitándose a mercantilizar el espacio televisivo.
Ahora tenemos una oportunidad para cambiar esta deriva. Se hace necesario el cambio legislativo que refuerce el carácter plural y público de la Radio Televisión Canaria. Tal y como hemos hecho en el Congreso con la Ley de RTVE.
Desde Podemos trabajaremos para que los profesionales y sindicatos tengan representación en el Consejo Rector y para que la Radio Televisión Canaria sea un referente por su calidad y no por sus escándalos judiciales. Haremos lo posible para llegar a acuerdos con todos los grupos parlamentarios y que esto nos permita avanzar hacia un modelo de informativos de gestión pública. Eso pasa por contemplar, a corto plazo, la viabilidad de la desprivatización del servicio de informativos. Debemos reformar la Ley escuchando al sector audiovisual canario, a los trabajadores del ente y a las asociaciones de profesionales de la comunicación que demandan un servicio público con garantías de objetividad y pluralidad. Esto sí que sería una jugada maestra. La cuestión es si El bueno, el feo y el malo lo seguirán impidiendo.
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