El CES echa en falta una valoración económica en la ley de cambio climático

Esta norma estaba llamada a ser una de las leyes «estrella» de esta legislatura, pero la pandemia del coronavirus ha retrasado los planes del Gobierno. Finalmente, el anteproyecto fue aprobado en noviembre y la intención es que llegue al Parlamento en el primer semestre de este año. La ley, según la Consejería de José Antonio Valbuena, supondrá un cambio de modelo, ya que establece obligaciones tanto para el ámbito privado como público y, al mismo tiempo, fija objetivos a corto plazo para las administraciones, así como pautas concretas para todos los sectores de Canarias, en sintonía con la normativa europea de acción climática.

El CES «comparte absolutamente» la preocupación del Gobierno autonómico en relación al cambio climático pero deja claro que mantiene diferencia de criterios en cuanto a las estrategias planteadas, los instrumentos utilizados y al marco normativo e institucional que plantea.

La primera consideración del informe en este sentido apunta que enfrentar el cambio climático implica numerosas transformaciones, «pero es esencial tener en cuenta a la población» como elemento central de las políticas medioambientales -tanto como causantes del deterioro como afectados por el mismo- . Sin embargo, el anteproyecto de ley «nada contiene sobre los aspectos demográficos».

Además, señala este órgano que el documento del Gobierno adolece de «cualquier aproximación de carácter económico». Y agrega que dado que cualquier conjunto de problemas medioambientales tiene sus orígenes en la actividad humana, «es fundamental abordar esta perspectiva». Igualmente, entiende que es «exigible» tener en cuenta el impacto de los precios de las políticas ambientales y energéticas que se implanten, de tal forma que los agentes económicos, tanto empresas como consumidores, puedan tomar «decisiones racionales». Insiste nuevamente en que la falta de esta «aproximación económica puede suponer un riesgo de que estos cambios puedan tener efectos negativos sobre la estructura de los costes de las empresas y el mercado de trabajo». Para el Consejo, la cantidad, disponibilidad, acceso y coste y precio de la energía constituyen aspectos básicos de los procesos de desarrollo económico y social y deben tenerse en cuenta en cualquier normativa medioambiental y energética, «pues su ausencia es un factor anticipado del fracaso de la misma».

Por otro lado, la iniciativa del Gobierno contempla en sus disposiciones adicionales que la comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, establecerá en el marco presupuestario la política fiscal que tenga como finalidad alcanzar los objetivos de la ley. A este respecto, el CES entiende que este asunto debería incluirse expresamente en el articulado de la norma y subraya que las modificaciones que se hagan en política fiscal deben realizarse desde una visión integral del sistema tributario, pues de otra manera pueden dar lugar a distorsiones en el sistema.

Otra de las consideraciones es que enfrentar el cambio climático y la transición ecológica requiere «ineludiblemente» de un amplio apoyo social, por lo que entiende que debe prevalecer el uso de instrumentos de incentivación y estímulo de ciudadanos y empresas antes que las medidas coercitivas, que vienen detalladas en el texto. En este sentido, el Consejo ve pertinente establecer, junto con Educación, un marco de toma de conciencia, e igualmente, vincular la formación con la empleabilidad en las actividades de la economía azul, la economía verde y la economía circular.

El CES reconoce en su dictamen que pensar en la inmediatez real de poner en marcha un órgano como la Agencia Canaria de Acción Climática que prevé el anteproyecto de ley «no resulta contrastada con la experiencia de la administración de esta comunidad autónoma». Ante esta realidad de los retrasos que llevan consigo todos los trámites de la administración, el consejo entiende que la creación de un nuevo ente público como es la citada agencia, su regulación, dotación presupuestaria, instalación física, dotación de medios y de personal, formación del mismo para las tareas encomendadas, etc. «llevará años.

También hace hincapié el Consejo Económico y Social en que el anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética hace «escasas referencias» a la política desplegada con anterioridad por el Gobierno de Canarias sobre las materias que tienen que ver con esta materia.