Conrado Domínguez, en su despacho en la capital grancanaria. / juan carlos alonso

Domínguez medió en contratos sanitarios desde que llegó al Comité: «Hablo con Compras»

Siendo alto cargo de la Consejería de Obras Públicas, utilizaba para los contactos con empresas de material médico su correo personal

F.S.A Las Palmas de Gran Canaria

«Hablo con la gente de Compras». Así escribió Conrado Domínguez en un correo electrónico enviado a comienzos de abril de 2020 a la representación de una empresa que ofrecía material sanitario al Servicio Canario de Salud (SCS). En esa fecha, España estaba en estado de alarma por la pandemia, escaseaba el material de protección ante la covid-19 y todas las administraciones buscaban empresas con contactos en los mercados extranjeros.

Pero Conrado Domínguez no era entonces directivo de la Sanidad canaria. Era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canaria, si bien de facto ejercía ya con mando en plaza en el Servicio Canario de Salud.

Lo hacía en calidad de miembro del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, al que se incorporó el 20 de marzo, precisamente el mismo día en que se produjo la primera reunión del mismo.

En aquel momento al frente de la Consejería de Sanidad estaba la diputada socialista Teresa Cruz y como directora del SCS estaba Blanca Pérez. Cruz y Pérez fueron relevadas a finales de marzo tras diferencias en el seno del Gobierno ante la gestión de la crisis. Transitoriamente fueron sustituidas por el consejero de Presidencia Julio Pérez y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Domínguez sería finalmente nombrado director del SCS en septiembre, tras la marcha de Alberto Pazos, que llegó de la mano de Blas Trujillo, nombrado consejero de Sanidad.

Es en aquel contexto de crisis sanitaria en el que Conrado Domínguez traba contacto con varias empresas, tanto sanitarias como de otros sectores. Utiliza para ello su correo personal y no el corporativo y se dirige a sus interlocutores dando la impresión de que su contacto con Sanidad era permanente y que estaba al tanto de las gestiones que se hacían en esa Consejería. Cabe recordar en este sentido que Domínguez había dirigido el SCS en el Gobierno presidido por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, siendo consejero José Manuel Baltar.

En uno de los correos, Conrado Domínguez le dice a su interlocutor: «Con este proveedor ya estamos hablando». En otro reclama las «fichas técnicas» de mascarillas FPP2 y FPP3 antes de dar el visto bueno a una compra, así como de las batas impermeables que se le ofrecen.Igualmente menciona en un correo a Ana María Pérez, entonces directora de Recursos Económicos de Sanidad.

En uno de los correos menciona a Ana María Pérez, contra la que también se querelló la Fiscalía Anticorrupción

Conrado Domínguez y Ana María Pérez han sido querellados por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, querella en la que también se señala a Rayco González como presunto autor de un delito de estafa agravada y otro de blanqueo de capitales. Rayco González es administrador único de la empresa RR7, a la que el Servicio Canario de Salud pagó 4 millones de euros por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas al Servicio Canario de Salud. La Agencia Tributaria inició un procedimiento de embargo que no ha dado resultado.

La querella fue admitida a trámite esta semana y el juez acordó, a petición del fiscal, requerir al Gobierno para que informe sobre la composición de aquel Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, que esta presidido por Ángel Víctor Torres, así como quiénes lo integraban y si estaban al tanto de las gestiones que estaba realizando, como integrante del mismo, Conrado Domínguez.

En concreto, el juez pide que se aclare si en ese Comité había «un reparto por áreas, correspondiendo la contratación de los suministros de Sanidad» a Domínguez y si este informó al resto de integrantes del Comité del mensaje que iba a enviar el 24 de mayo a Ana María Pérez solicitándole la compra, a través de RR7 de un millón de mascarillas N95 de la marca 3M, o «si por el contrario se trató de una decisión autónoma y exclusiva de este miembro del Comité». Y también se pide al Gobierno que aclare si esa decisión estaba dentro de las facultades de Domínguez como miembro del Comité.