Conrado Domínguez, en la sede de la dirección del Servicio Canario de Salud. / juan carlos alonso

Caso Mascarillas

Domínguez afirmó por escrito que negoció con RR7 el segundo contrato y se desdijo ante el fiscal

En mayo, el director del SCS le escribe a Anticorrupción que él había asumido la negociación; en julio, ante el fiscal, dijo que no fue él

FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO / FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud (SCS), le trasladó por escrito al fiscal Anticorrupción una cosa en mayo y se desdijo cuando compareció ante él como investigado. Así consta en las diligencias incorporadas al Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria al admitirse a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el caso Mascarillas.

En mayo de este año Conrado Domínguez contestó a un oficio de Anticorrupción recabando información sobre el contrato entre el SCS y la empresa RR7 para la fallida compra de un millón de mascarillas previo pago por adelantado de 4 millones de euros.

En ese escrito, al que ha tenido acceso este periódico y que está firmado por Conrado Domínguez, este asume haber realizado la negociación en 2021 con RR7 para un segundo contrato por 1,2 millones de mascarillas de la marca Honeywell Nort, mascarillas que tampoco llegaron a ser entregadas a Sanidad. En el escrito, Domínguez lo explica así: «A la vista de que se mantenía la necesidad del material objeto de contratación, y conforme a los principios de interés público, racionalidad y eficiencia, en fecha de 14 de julio de 2021, la Dirección del Servicio contactó con la referida empresa a efectos de valorar la modificación propuesta y ajustar el contenido de la prestación a los precios actuales de mercado, considerando que se mantenía el equilibrio económico del contrato con un incremento en el número de unidades a suministra del 20%».

El 20 de junio de 2022, el fiscal toma declaración en calidad de investigada a Ana María Pérez, que era directora general de Recursos Económicos de Sanidad cuando se suscribió tanto el primer contrato con RR7 como el segundo. En esa declaración, le pregunta por el envío de un correo al comisionista Samuel Machín con el borrador de escrito de alegaciones que debían presentar para un contrato ya extinguido fuese 'reactivado'. Ana María declaró: «No tenemos ni idea, eso tiene que ser algún contacto particular que tuvo el director del Servicio», para añadir después que «es un intercambio entre Conrado y la empresa» pues «todo lo relativo a la modificación del contrato lo llevó personalmente el director del Servicio Canario de Salud».

El 6 de julio es Conrado Domínguez quien comparece ante Ródenas y ante la pregunta de si mantiene que nunca contactó con Samuel Machín para tratar de arreglar y hacer el acuerdo de modificación del contrato, contesta: «No». Justo lo contrario de lo que puso por escrito catorce meses antes, cuando afirmó por escrito que fue él quien contactó con RR7 para «valorar la modificación de la propuesta y ajustar el contenido de la prestación a los precios actuales de mercado».

Sobre esto, la Fiscalía destaca además en sus pesquisas que el precio que se fijó en 2021 por mascarilla variaba notablemente y así queda señalado en rojo en un correo que Ana María Pérez al comisionista enviado el 1 de junio de 2021. En el mismo se dice al final: «Tener en cuenta que el precio de la nueva mascarilla es inferior a la 3M y por tanto para equiparar ofertas y alcanzar el importe anticipado habrá que aumentar el número de unidades. Según consulta en internet el precio de la nueva mascarilla es de 1,33 euros».

Como se recordará la Fiscalía Anticorrupción se querella contra Conrado Domínguez y Ana María Pérez por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y contra Rayco González, administrador único de RR7, por estafa y blanqueo de capitales. El Gobierno de Canarias se ha personado como perjudicado.

«Un arreglo privado» para solventar «una pésima gestión»

Para Anticorrupción, esa segunda oferta de RR7, que parte de un correo del propio SCS avisando a la empresa qué tenía que alegar ante la extinción del contrato inicial, no es otra cosa que «un arreglo privado» concebido y ejecutado para solventar «una pésima gestión administrativa» del expediente inicia de compra de mascarillas. En el segundo contrato se le daba a RR7 un plazo de 7 días para entregar el 1,2 millones de mascarillas. Tampoco cumplió.