Las ayudas directas beneficiarán a cerca de 60.000 empresas canarias

El Gobierno de Canarias aprobó ayer el decreto que regulará el reparto de los 1.144 millones de ayudas estatales destinados a la comunidad autónoma para pymes y autónomos. Unos fondos que prevén beneficiar a 58.000 empresas, según afirmaron en rueda de prensa el presidente ÁngelVíctor Torres, el vicepresidente Tomán Rodríguez y la consejera regional de Economía, Elena Mañez, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

El principal requisito para acceder a las ayudas será el de acreditar unas pérdidas de más del 30% durante el ejercicio de 2020, independientemente de su tipología o sector de actividad —excepto el financiero—, aunque también se contemplan como casos puntuales aquellas entidades que declaren una caída en 2019 por circunstancias excepcionales. Por ejemplo, las empresas vinculadas a la quiebra del operador turístico Thomas Cook o empresarios del sector primario que hayan sufrido pérdidas a causa de una plaga en los cultivos.

Se trata de dos grandes reivindicaciones que el Ejecutivo canario puso sobre la mesa en las negociaciones —la ampliación de las ayudas a todos los sectores de actividad y la inclusión de casos excepcionales— y que han sido escuchadas por parte del Estado. Así, el archipiélago es la única comunidad autónoma que ha hecho uso de ese potencial. «Ampliando ese alcance, lo hacemos es contribuir a mantener a la empresa y, por tanto, proteger el empleo, dos de los pilares fundamentales marcados por este Gobierno», concluyó Mañez.

Por otro lado, el decreto ley recoge otros tres requisitos para los potenciales beneficiarios: deberán mantener su actividad durante el ejercicio de 2022; las empresas no podrán repartir dividendos durante 2021 y el año siguiente, y sus directivos no podrán aumentar sus salarios.

Según detalló Mañez, las ayudas se concederán en tres líneas en función del tamaño de la empresa: aquellas con menos de diez trabajadores podrán aspirar a hasta medio millón de euros; las que tengan entre 11 y 50 empleados llegarían a la cuantía de 1,8 millones de euros; y las que mantienen 50 asalariados o más a cinco millones de euros.

A esto se suma una cuarta, la de los autónomos, que podrán recibir un máximo de 3.000 euros. Un tope establecido en la legislación estatal que en este caso resultará «inamovible» en el ejercicio de autonomía política de Canarias para la gestión de los fondos, lo que ha posibilitado «adaptarlos a la estructura productiva de las islas», añadió Rodríguez.

En este sentido, detallaron que en caso de quedar remanente en alguna de las líneas se podrán sumar a las otras para llegar al máximo de empresas posible. El también consejero de Hacienda realizó así un desglose de los 1.144 millones: 70 millones de euros irán a parar a autónomos sin empleados; 650 millones, a las micropymes; 212 millones, a las medianas empresas, y otros 212 millones a las que cuenten con más de 50 trabajadores.

Con estos datos, Rodríguez recalcó como un hecho histórico la recepción en el archipiélago de tal cantidad de recursos, que triplica la media por canario con respecto a la media nacional y suponen inyectar a la economía tres puntos del PIB.

El presidente canario quiso poner en valor el esfuerzo de las negociaciones del Ejecutivo con las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Economía, Nadia Calviño, así como de los equipos para la elaboración de un decreto «muy riguroso» destinado a fomentar la recuperación económica. «El daño a Canarias es objetivamente superior al resto de comunidades y, por tanto, esa diferenciación de fondos es justa», apuntó Torres, reconociendo que aunque el impacto en el sector turístico sigue dibujando una realidad «dura», la apertura de los mercados y el buen ritmo de la vacunación marcan una senda optimista. «No compensará la totalidad de las pérdidas pero sí que ayudarán en a impulsar el tejido productivo de las islas».

Con respecto a los plazos de ejecución, el Gobierno asegura que no se puede hablar de calendarios fijos, aunque aseguró que las ayudas estarán en manos de las empresas antes de finales de año. Lo que sí señalan la búsqueda de la máxima simplificación administrativa. «Pretendemos perfeccionar los mecanismos para que sean los más eficaces y que todos los fondos lleguen cuanto antes a las empresas y los autónomos», añadió.

Para la tramitación bastará con la solicitud de la ayuda —que estará a disposición de los usuarios vía telemática— una declaración responsable y el alta a terceros. Adicionalmente se requerirá a aquellas empresas que se acojan a la excepcionalidad una justificación de esas condiciones.

La convocatoria, que se publicará hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), se abrirá del 15 de junio al 28 de julio. Además, se volverá a contar con las cámaras de comercio para asesorar y tramitar las subvenciones como ya se hizo para la línea de 84 millones de euros de fondos propios del Gobierno de Canarias.

Como novedad, se crearán oficinas técnicas —una en cada isla— en la que estas instituciones presten asistencia telefónica para facilitar el acceso a las ayudas. Además, se habilitará una página web con las preguntas más frecuentes, así como webinarios informativos y otras acciones pedagógicas. «Somos conscientes de la complejidad que supone para muchas personas y por eso queremos que la información llegue a las empresas», indicó Mañez.

La consejera de Economía también explicó que si bien para la ayuda de los 84 millones se contrató a 105 personas, ahora esa cantidad se verá superada debido al mayor volumen de fondos, pero aún se encuentran en fase de tramitación por lo que no ha aportado más cifras.