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El Gobierno de Canarias aprobó ayer la creación de un comité y una comisión técnica de antifraude para analizar y evaluar los actos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses en relación a la ejecución y gestión de los fondos adscritos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –estrategia para canalizar fondos destinados por Europa para reparar los daños por la crisis de la covid–.
Según explicó el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este miércoles en Tenerife, se trata de un mecanismo estándar, por lo que en las diferentes convocatorias de la Unión Europea se constituyen órganos así. Por ello, la creación de los mismos no responde a «una preocupación» particular del Gobierno canario, sino que se trata de una necesidad y obligatoriedad por parte de «quien pone encima de la mesa los fondos».
Respecto a las funciones, el Comité Antifraude será el responsable de analizar y evaluar los actos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de interés, para decidir su remisión a los órganos competentes y el seguimiento que ha de efectuarse de los mismos.
Por su parte, la Comisión Técnica Antifraude dará apoyo técnico a partir de la emisión de estudios, informes y propuestas en el área material de actuación del Comité, sirviéndole de soporte en el análisis y preparación, con carácter general, de los asuntos que se le sometan a su consideración.
La norma también impulsa ofrecer una formación especializada a las personas responsables de estas tareas. Además, con estos órganos se va a definir el procedimiento de actuación en los casos en los que se aprecie un conflicto de interés.
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