«Después del verano habrá una recuperación bastante fuerte»

-¿A qué problemas se refiere?

-Uno hace referencia a los sectores de actividad, que son algo más de noventa, con un mismo criterio para toda España. Lo que hemos trasladado al Estado es que en Baleares y Canarias, al ser tan dependientes del turismo, hay actividades económicas de muy diverso tipo que se sitúan en zonas en las que el turismo tiene mucha relevancia y que no sucede en otros lugares. El ejemplo más claro es el de los supermercados, una actividad que ha generado muchos ingresos en estos tiempos, pero en las zonas turísticas se pueden haber visto muy castigados porque no hay visitantes. Por eso hemos planteado al Ministerio que se reconsideren los sectores que se pueden beneficiar de las ayudas, ya que supondrá una injusticia o no se adaptaría a las circunstancias particulares de los dos archipiélago. Una segunda cuestión es que también sería importante valorar con más calma la decisión de la Comisión Europea de no dar ayudas a empresas en crisis. El estado va a utilizar un criterio sencillo: no tener pérdidas en 2019, pero es un criterio excesivamente estricto y no siempre representativo de que una empresa está en crisis. Una empresa hotelera afectada por la crisis de Thomas Cook pudo terminar con pérdidas en 2019, pero no significa que no sean viables. O una que haya hecho una inversión imperante y luego se ha visto con resultados negativos, en realidad lo que pasa es que mejora sus expectativas de futuro.

-¿El Estado ha sido receptivo a estas propuestas?

-Ha sido receptivo y está valorando cómo introducir esas modificaciones y cómo se pueden introducir mejoras y de la manera más ágil. Son cosas razonables y es obvio que en Canarias y Baleares los recursos son muy cuantiosos, y si se ponen normas muy restrictivas, podemos encontrarnos en problemas para que las empresas, por muy mal que hayan estado, puedan cumplir los requisitos que se exigen.

-Aún introduciendo esos cambios, 1.144 millones son muchos millones, sobre todo teniendo en cuenta que el grueso del tejido empresarial canario son pymes. Siendo realistas, ¿será difícil gastar ese dinero?

-Canarias tiene una ventaja clara, y es que tenemos una experiencia previa con nuestra propia línea de ayudas. Es verdad que hicimos nuestros cálculos iniciales y lo haremos ahora también antes de definir las bases y ajustar la demanda a los recursos que se van a movilizar. También nos damos cuenta de que hay requisitos que no siempre son fáciles de cumplir por parte de las empresas, como la caída del 30% de ingresos, porque hay negocios que han caído menos y no pueden acceder. Sin embargo, estamos viendo que las empresas que están solicitando las ayudas tienen una caída media del 60%, es decir, que están muy afectadas y las ayudas están llegando a quienes más han notado el impacto de la crisis

-¿Y como se supera entonces ese criterio restrictivo?

-La ventaja de la nueva convocatoria es que se incorporan sectores que se habían quedado fuera en la propuesta inicial. Y más importante aún es que no están circunscritas a pequeñas y medianas empresas, sino que se pueden acoger las grandes, basicamente las vinculadas a la movlidad, el turismo y otros sectores estratégicos para Canarias, como el ocio, el entretenimiento, etc.

-¿Pero se van a agotar esos más de 1.000 millones? Con la situación actual, sería bastante lamentable que no se agotaran

-Efectivamente. Ese fue el primer planteamiento que se puso sobre la mesa en las reuniones con el Ministerio. El objetivo es utilizar todos los recursos y por lo tanto, a la hora de diseñar, tenemos que hacer bien los cálculos para garantizar que hay demanda suficiente, que se dan las condiciones por parte de las empresas para solicitar esas ayudas. La ventaja de Baleares y Canarias es que, además, se nos permite modificar el porcentaje de intensidad de las ayudas e incrementar el tope máximo de las ayudas.

-¿Quiere decir que la ayuda por empresa en Canarias será mayores que en el resto del país?

-Para el resto del Estado, la cuantía máxima que puede recibir una empresa es de 200.000 euros. En Baleares y Canarias se puede incrementar hasta donde permita la normativa, que establece que podría alcanzar los 10 millones como tope. Ahora tenemos que determinar ese máximo, sabiendo los recursos que hay y las circunstancias que se dan en Canarias, hacer los cálculos para llegar al mayor número de empresas, a las más necesitadas, a las que sea más útil la ayuda y sobre todo, que el objetivo es utilizar cada euro de esos 1.144 millones.

-Eso da una mayor ventaja a las empresas grandes y con mayores ventajas para resistir.

-Las empresas más grandes son las que están haciendo un mayor esfuerzo. La ayuda será proporcional al impacto, a la intensidad y al esfuerzo que están realizando. Lo importante es garantizar que las más pequeñas y más vulnerables reciban ayudas y las más grandes, que tienen más margen de maniobra, las reciban también garantizando que no sea en detrimento de las pymes.

-Si aún se están diseñando las bases, ¿cuando llegará el dinero a las empresas?

-Pues el 13 de marzo se publicó el real decreto ley, que decía que en el plazo de un mes tenía que estar firmado un convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Hacienda de cada comunidad para acordar los términos de cómo va a llegar el dinero. En un plazo de diez días a partir de esa fecha debe hacerse la transferencia del fondo. O sea que a finales de abril está previsto que se reciba el dinero y en mayo podría estar en la calle. De todas maneras, y en paralelo, se está trabajando en las bases para sacarlas lo antes posible.

-Coalición Canaria ha planteado que si no se puede ejecutar todo este dinero en ayudas, que se quede en Canarias. ¿Valoran esta posibilidad?

-No, el objetivo es utilizarlo para lo que viene. Hemos detectado que hay tendencia en la oposición a cuestionar todo aunque sea muy positivo para Canarias. El presidente sí ha manifestado que no se puede compensar todo el daños causado por la pandemia, pero contamos con una magnitud de recursos tremendos y ahora hay que dirigirlos de forma adecuada para que permita la supervivencia de las empresas que puedan seguir siendo viables y que cuando las actividad se recupere, podamos crecer con mucha fuerza. En eso estamos y no podemos minusvalorar la importancia de estos recursos buscándole pegas, aunque todas las ideas para garantizar que estos fondos sean efectivos, son bienvenidas. Insisto, el objetivo es gastar todos esos fondos y no nos podemos rendir de antemano. Somos conscientes de que como son tantos recursos, y así lo han hecho llegar los sindicatos, además de ayudar a las empresas, hay que proteger a los trabajadores. Se están buscando fórmulas para apoyarlos. Los importante es que las ayudas ayuden a sobrevivir en estos momentos difíciles, no solo por el tiempo que llevamos de pandemia sino porque la actividad económica aún no ha cogido tracción. Las empresas se están jugando su supervivencia y las que pasen estos cuatro o cinco meses, saldrán muy reforzadas. Se trabaja para que sea el mayor número.

-¿Trabajan con la hipóstasis de que después del verano mejorará la actividad?

-Los datos interanuales del próximo mes van a ser bastante mejores que en 2020, basicamente porque fue tan malo, que este será mejor. Y a partir del verano, empezará a ganar fuerza, aproximándose a niveles de 2019. Logicamente, lo que se espera, y tiene toda la lógica económica, es que a la altura del invierno, coincidiendo con la temporada alta turística, haya una reactivación económica importante. Después del verano, vendrá una recuperación con bastante fuerza.

-Hablaba usted de la protección a los trabajadores y los sindicatos han reclamado compensar la prestación de los ERTE. Queda por ver de donde saldrán los recursos

-Viendo que las empresas van a recibir ayudas, que son justas, es razonable también apoyar a los trabajadores. Es verdad que ha habido una llegada de fondos extraordinaria -inesperada hace unos meses- que permite al Gobierno reprogramar y ver cómo se pueden asignar. Los fondos REACT son una alternativa, o que se financie con fondos ordinarios o remanentes de ejercicios anteriores. Lo importante era ver si habían acuerdo sobre este asunto en el seno del Gobierno. Ahora hay que cuantificarla, aunque la intención es que ser justa, moderada, razonable y lanzar unas bases que permitan que sean ágiles y sencillas. Y además debe ser urgente, porque una vez se han identificado los recursos para lanzar esta línea de apoyo, se va a trabajar con la máxima urgencia porque la absoluta voluntad del Gobierno es buscar una solución y articular esta medida. Somos conscientes de que debe ser lo más rápido y ágil posible.

–El presidente Torres acaba de anunciar que Canarias recibirá a partir de junio las competencias en materia de Costas, pero eso no va a significar que la comunidad autónoma pueda decir todo a este respecto.

– Es evidente, porque no hay que olvidar que lo que gestiona la comunidad autónoma es la ordenación y la gestión del litoral. Tal como establece la Constitución, la titularidad del litoral la sigue manteniendo el Estado.

–Eso significa que Canarias no podrá hacer lo que quiera en sus costas

– Logicamente, no podremos hacer lo que nos dé la gana, tenemos que respetar la Constitución. Pero lo gestionamos nosotros y lo ordenamos nosotros, lo que significa, por tanto, que lo podremos adaptar a nuestras singularidades.

–¿La decisión respecto a un nuevo puerto deportivo o sobre el Hotel Oliva Beach, por ejemplo, a quien corresponde?

– Tendremos que resolverlo desde la comunidad autónoma pero respetando las normas que están establecidas, La interpretación la hace la comunidad autónoma, pero sobre normas exigentes. Es decir, no podemos modificar el marco legal, pero sí podemos interpretarlo. Y cuando lo haces sobre el terreno, eso significa que lo puedes hacer de forma más ágil, más ajustada que cuando se interpreta de manera general.

-¿Es una transferencia acotada, limitada?

– Claro, viene delimitada por la Constitución. Es la Carta Magna la que señala que la titularidad es del Estado y solo se pueden transferir algunos aspectos. Todo lo que se podía explorar en esa materia, se ha explorado y reivindicado a Madrid. Estamos desarrollando lo que marca el Estatuto de Autonomía. Tampoco podemos ir más allá, y creo que este texto aprovechó todo el margen que permitía la Constitución en esta materia. Todo lo que puede ser asumido por una comunidad autónoma se incluyó en el Estatuto. No podemos regular más allá de lo que establece el marco superior que es la Constitución. A eso nos debemos atener.