Derechos Sociales ultima una prestación «de emergencia»

09/04/2020

El portavoz del Ejecutivo y consejero de Sanidad y Administraciones Públicas, Julio Pérez, indicó este miércoles que esta ayuda «transita» entre la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y la renta ciudadana que elabora la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana.

Un Consejo de Gobierno extraordinario aprobará en los próximos días una «renta de emergencia» destinada a las familias que tienen más dificultades económica y cuya situación se ha agravado por la emergencia sanitaria, según señaló ayer el portavoz del Ejecutivo y consejero de Sanidad y Administraciones Públicas, Julio Pérez. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, informó ayer a los miembros del Gabinete del respaldo de los cuatro partidos que integran el pacto que apoya al Gobierno (PSOE, NC, Podemos y ASG) a esta iniciativa, con cuyos líderes se reunió el martes por la tarde.

Esta ayuda de emergencia, indicó Pérez, «transita» entre la vigente Prestación Canaria de Inserción (PCI) y la futura renta ciudadana que contempla el Estatuto de Autonomía y cuya ley prepara la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana. Se trata, detalló el consejero, de una prestación de emergencia -«con fondos canarios, no del Estado»-, que se caracterizará por su implantación inmediata, no requerir un procedimiento legislativo complejo e igualmente tendrá una «aplicación extensiva, de tal manera que llegue a la mayor cantidad de familias necesitadas y con una tramitación simple».

El consejero puntualizó que el Gobierno no ha abordado ningún tipo de medidas para ayudar a las personas que trabajan en la economía sumergida y que se ven ahora sin ningún ingreso, aunque señaló que «normalmente son personas vulnerables y con rentas escasas». Por eso, podrán acogerse a la renta de emergencia «como familias o personas con pocos recursos, pero no como trabajadores». En cualquier caso, indicó que se refiere siempre a las personas que se encuentran en estas circunstancias por tener dificultades para ser contratadas, «pero no se pondrá en primer plano» a los que se encuentren en esta situación para no cumplir con sus obligaciones tributarias.

Por otro lado, el portavoz reiteró que Canarias ha planteado al Estado que los ERTE presentados por causa mayor se prolonguen más allá de la duración del estado de alerta «porque muchas empresas no podrán abrir al día siguiente de que se levante el confinamiento, ya que es muy probable que las causas económicas se prolonguen más allá». Según las cifras que la Consejería de Economía presentó ayer al Consejo de Gobierno, hasta el martes se habían presentado en las islas un total de 25.183 Expedientes temporales de regulación de empleo -«y se esperan varios miles más», dijo Pérez-, que afectan a 190.000 trabajadores. En cuanto a las empresas que se han acogido a este proceso, el 98% tienen menos de 50 trabajadores y el 50% menos de cinco trabajadores.