Derechos Sociales reconoce los malos datos pero promete un cambio «en dos años»

El Gobierno de Canarias mantiene firme su defensa en la gestión de los derechos sociales a pesar de que las islas continúan a la cola en los principales indicadores. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, reconoció no estar orgulloso de la situación del archipiélago pero respaldó la labor de la consejera Noemí Santana ante las críticas en el Parlamento sobre su «incompentencia» por parte del Grupo Mixto y el Grupo Nacionalista Canario. «Es verdad que hay más pobreza, pero el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano», añadió al recordar que partía de una situación «muy complicada» debido a la herencia recibida, que se intensificó con la pandemia.

Unos argumentos que tanto la diputada Vidina Espino como el nacionalista Pablo Rodríguez tildaron de excusas para no reconocer el «fracaso» en las políticas sociales y ambos criticaron que el Gobierno buscara culpables fuera de su departamento.

En este sentido, Torres asumió parte de la responsabilidad, aunque consideró que sus acusaciones eran «demasiado duras». Así, resaltó el aumento del plan concertado con los ayuntamientos en un 55% como de los fondos destinados al tercer sector y a la ciudadanía, a través de la puesta en marcha de mecanismos como el ingreso canario de emergencia, que ha llegado a 16.000 personas, la paga extra, de la que se han beneficiado 50.000, la modificación de la PCI o la contratación extraordinaria de 100 personas en Dependencia.

«Estos son datos. Llevamos dos años con la pandemia y una tremenda crisis migratoria. Quedan dos años más y estoy convencido de que entregaremos Canarias con los mejores recursos sociales, de acuerdo a las circunstancias actuales», aseguró.

Ante los malos datos de las islas, el Consejo de Ministros aprobó este martes la concesión de una subvención de 30 millones de euros para la financiación del programa para la lucha contra la pobreza y de las prestaciones básicas de servicios sociales. En concreto, esa cantidad financiará las actuaciones del Programa de Lucha contra la Pobreza y la exclusión social —impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030— vinculado con la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Además, otra parte de esos fondos se destinarán a adaptar las prestaciones gestionadas por los servicios sociales a la situación derivada de la crisis sanitaria, contribuyendo a la creación de empleo y a la innovación en la respuesta a los usuarios y usuarias canarios, explica el Ejecutivo.