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Los retrasos en Dependencia se explican por la falta de personal, a los que se suman los trabajadores en huelga, y la ausencia una herramienta digital efectiva. JUAN CARLOS ALONSO
Derechos Sociales reclama al menos 400 empleados más para ponerse al día

Derechos Sociales reclama al menos 400 empleados más para ponerse al día

Ponen el foco especialmente en el área de Dependencia y discapacidad, que concentra los mayores problemas

Ingrid Ortiz Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 18 de julio 2021, 01:00

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Canarias tarda una media de 923 días en resolver un expediente de dependencia. Un plazo muy por encima del máximo que establece la normativa (180 días) y a la que solo se acerca Castilla y León, donde esperan 188 días, según los datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD).

No es la única comparativa que puede hacerse con la comunidad autónoma, cuya población es similar a la del archipiélago. Si la primera dispone de 800 valoradoras, Canarias solo cuenta con 64. De estas, 28 están en las dos islas mayores, tres en La Palma, dos en Lanzarote y Fuerteventura y uno en La Gomera, lo que supone una «desproporción inexplicable» en palabras del propio Diputado del Común, que en su Informe Anual del pasado 2020 ya denunciaba esta situación.

Según sus cálculos, se necesitaría un mínimo de 320 trabajadores más para dejar de estar «a la cola» en los tiempos medios de resolución de los expedientes. En esta línea, la Consejería de Derechos Sociales lanza una propuesta «bastante ambiciosa» al Gobierno regional de cara a la negociación de los presupuestos del próximo año. Piden 300 empleados solo para el área de Dependencia y discapacidad, a los que se sumarían otros 100 que se distribuirían en distintos sectores. Con estas cifras se conseguiría dotar al Gobierno del músculo administrativo necesario para dar respuesta al incremento de la demanda social, que va más allá de los problemas derivados de la pandemia, tal y como se desprende de un informe elaborado por la propia Consejería.

En el análisis sobre la necesidad de contratación se diferencia entre las causas coyunturales devenidas por la emergencia sanitaria —el incremento de solicitantes de los recursos ha provocado una sobrecarga de la plantilla— y las estructurales —la falta de contratación en las últimas dos décadas y los cambios sociodemográficos obligan a pensar en estrategias a largo plazo—.

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Hasta el mes de julio, Derechos Sociales cuenta con 1.080 puestos de trabajo, de los que 973 plazas están realmente ocupadas, el 90% de la plantilla, a las que habría que sumar otras 17 del contrato programa de Derechos Sociales y 81 del programa de Dependencia. Es decir, la Consejería cuenta con un total real de efectivos de 1.071 personas para todas sus áreas. El resto, explican, son puestos reservados o asignados a empleados dentro de la Administración que han sido movilizados a otras áreas pero aún figuran en el sistema.

Lo que también se deduce de estos datos es la alta tasa de temporalidad, ya que solo el 23% de la plantilla son funcionarios. La viceconsejera del departamento, Gemma Martínez ya adelantó a este periódico las dificultades para aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) parcial presentada por el Gobierno en 2019 —unos 50 funcionarios más se incorporarán próximamente al área— que se sumaría a otra general en la que aún están trabajando. «Los procesos son muy lentos y además estamos limitados por el control de la regla de gasto, por lo que estamos recurriendo a la única fórmula que tenemos», añade Martínez. «La intención de esta propuesta, si todo va bien, es dejar la consejería completamente niquelada».

Por otro lado, plantean sustituir las bolsas de trabajo, cuyo fin es proveer a la Administración de personal a medida que surjan las necesidades de contratación, por listas abiertas como las que ya existen para el personal docente y estatutario de los servicios de salud. De esta manera se atacaría, también, la cuestión de la temporalidad, ya que la primera fórmula no garantiza la consolidación de los puestos de trabajo. Precisamente, uno de los motivos que ha propiciado la huelga a la que se suman las valoradoras de dependencia.

Digitalización

Desde la Consejería de Derechos Sociales insisten en que, más allá de la necesidad de reforzar la plantilla, están apostando por el desarrollo de herramientas digitales que permitan agilizar los trámites. Un proceso que también está siendo lento, como secunda el propio comité de empresa, que se queja de la falta de ordenadores, duplicidad de los sistemas informáticos de gestión y falta de formación. «Estamos solucionando problemas que llevaban veinte años enquistados y probablemente no veamos los resultados hasta dentro de tres o cuatro más», afirma Martínez.

La viceconsejera asegura que la falta de medios ha hecho «difícil» abordar la situación. Actualmente, según el comité, solo una persona se dedica a digitalizar los miles de expedientes de Dependencia. En esta línea, Martínez ha explicado que ya están bastante avanzados en las herramientas de la PNC, la PCI y están desarrollando la de la futura renta canaria de la ciudadanía.

«Si el Gobierno no da medios, deberíamos valorar si continuar»

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha asegurado que mejorar las cifras y cumplir con las promesas del Ejecutivo canario se le está haciendo «cuesta arriba» ante la falta de recursos. Así lo manifestó en una entrevista en la cadena COPE, donde también confesó que si el Gobierno no cede a sus demandas de más personal y herramientas habría que analizar la continuidad de Podemos en el Pacto de las Flores. «Lo que quiero es resolver expedientes, que las listas disminuyan», explicó. «Estoy dispuesta a sentarme con los trabajadores y los sindicatos, pero no quiero engañar a la gente». La consejera indicó, así, que no tienen «una varita mágica» para mejorar unos datos que son «peores de lo que imaginábamos cuando llegamos al Gobierno», pero se mostró optimista de cara al próximo año en un contexto en el que se pueda ampliar la plantilla. «Tenemos los mismo datos, no hemos empeorado a pesar de la situación de la pandemia que nos ha sobrevenido y, aún así, el ataque que estamos sufriendo es enorme», se quejó la responsable del área, asegurando que desde Derechos Sociales de Podemos han notado un porcentaje de críticas mucho mayor que con el Gobierno anterior.

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