Derechos Sociales ya tiene prevista la derivación de 66 chicos a otras regiones
Canarias sigue demandando una ley que obligue a un reparto responsable
B. HERNÁNDEZ
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 26 de julio 2021, 02:00
La Consejería de Derechos Sociales ya tiene cerrada la derivación de otros 66 menores inmigrantes no acompañados a distintas comunidades autónomas que han ofrecido su colaboración. Aún así, esta salida, sumada al poco más de un centenar que se ha llevado a cabo hasta el momento, sigue siendo insuficiente para aliviar la presión que sufre el archipiélago en la acogida de estos jóvenes y su integración.
En la actualidad, el Gobierno de Canarias es el responsable de 2.528 menores migrantes que aún continúan en las islas y que se encuentran distribuidos en 32 centros que disponen de 43 inmuebles en total, según los datos del departamento que dirige Noemí Santana.
De los 66 chicos que saldrán próximamente de las islas, 16 tendrán como destino Asturias, otros 20 serán trasladados a Cantabria; 15 viajarán a Galicia y otros 15 al País Vasco. Hasta ahora han sido derivados 126 menores a Castilla-León, Extremadura, Valencia, Cataluña y Navarra, un proceso que, después de negociar los convenios con las distintas comunidades autónomas, se inició el pasado mes de marzo.
El objetivo del Gobierno regional es buscar soluciones compartidas para que Canarias deje de afrontar esta crisis humanitaria en solitario, ya que no solo debe afrontar la acogida de los más de 2.500 chicos que en este momento están en las islas después de haber llegado en patera hasta las costas del archipiélago, sino que este es un fenómeno que no cesa y, por tanto, al que se tendrá que seguir haciendo frente.
Por eso, la Consejería de Derechos Sociales ha reiterado la necesidad de contra con una ley que obligue a un reparto «responsable» de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, con el objetivo de que el peso de la tutela no recaiga solo en los territorios receptores. En este sentido, Noemí Santana ha manifestado en distintas ocasiones que Canarias está dispuesta a asumir su cuota pero que no se puede dejar la resolución de este problema al albur de la voluntad de las comunidades autónomas, hay que legislar».
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