La consejera de Derechos Sociales, Noemía Santana, en una foto de archivo en el Parlamento regional. / C7

Derechos Sociales garantiza su catálogo para esta legislatura

La consejería estudia las alegaciones presentadas por el tercer sector para mejorar el documento y destaca la participación de las entidades locales

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias se va a tomar su tiempo para la elaboración del Catálogo de servicios y prestaciones, una pieza clave de la Ley de Servicios Sociales de la comunidad autónoma que plasma las ayudas a que tendrán derecho los ciudadanos en exclusión social, en situación de dependencia o con discapacidad, entre otros, además de su financiación. El camino hacia la aprobación del decreto está siendo «tortuoso», en palabras del director general Javier Bermúdez, debido a la complejidad del documento y a las numerosas críticas que han recibido por parte de colectivos y entidades del tercer sector, así como de la oposición, que llegó a pedir que se paralizara el actual procedimiento a finales de septiembre con la negativa del Parlamento regional.

Desde la Consejería entienden que se trata de un borrador preliminar sujeto a mejoras y en el que han participado de forma coordinada más de 200 técnicos de los tres niveles de la administración (ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma), teniendo en cuenta las aportaciones de otros interlocutores. Es por ello que actualmente se encuentran en fase de estudio de las alegaciones presentadas, que también serán evaluadas por las corporaciones locales ya que, en última instancia, son las encargadas de aplicar muchas de esas prestaciones. «Entendemos que las entidades estén tan arriba porque es un documento importante y asumimos las críticas con normalidad», explica Bermúdez. «Nuestra misión ahora es gobernar y sacar adelante el catálogo con las mayores aportaciones posibles, ampliando los consensos».

Por su parte, los colectivos dudan de que el texto se pueda arreglar a base de alegaciones, por lo que reclaman reformularlo de manera íntegra. Así, alegan que resulta un retroceso para los derechos de la ciudadanía, y que se han dejado en el aire servicios que se están aplicando. Por este motivo, lo que piden es más tiempo para que se haga bien.

El director general también ha avanzado que tras esta fase de estudio, el documento deberá pasar por el Consejo general de Servicios Sociales, donde habrá «más oportunidades» de mejora. A pesar de que prefiere no dar fechas concretas para no apurar los plazos del procedimiento, sí garantiza que el catálogo definitivo verá la luz durante esta legislatura.

«Esto no concluye aquí. Seguiremos con el diálogo y tomándonos el tiempo suficiente, no lo haremos a las prisas», concluyó. De hecho, el Gobierno de Canarias ya había incumplido el plazo de seis meses que establecía la ley de mayo de 2019 para aprobar el catálogo. Una fecha «irreal» a juicio de la Consejería, que ya adelantaba que necesitaría entre ocho y doce meses más de trabajo y trámites administrativos para aprobar el decreto, achacando los retrasos a la herencia que les había dejado el anterior Ejecutivo. La versión de la oposición, en cambio, es que el gobierno de Torres había sido «víctima de sus propias exigencias».