CC denuncia que el Gobierno le oculta documentación del caso Mascarillas

El Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias ha denunciado que el Gobierno autonómico no le ha entregado la documentación solicitada en relación al caso Mascarillas, en el que la fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez.

El diputado José Alberto Díaz-Estébanez pidió el 25 de mayo información sobre las relaciones comerciales mantenidas con la empresa RR7 United SL entre 2020 y 2022, «incluida la constancia escrita o por vía telemática de ofrecimiento de la empresa, o de contestación y condiciones de la Administración, respecto a posible modificación de las condiciones iniciales de la compra de mascarillas».

Esta empresa fue la adjudicataria de un contrato de cuatro millónes de euros por parte del Servicio Canario de la Salud, dinero que se entregó por adelantado sin haber recibido el millón de mascarillas comprometidas.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción se dirige contra el administrador de la empresa, Rayco Rubén González, por estafa y blanqueamiento de capitales; contra Conrado Domínguez por prevaricación y tráfico de influencias; y contra la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.

Díaz-Estébanez ha reclamado al ejecutivo canario que le entregue la documentación solicitada, «a la que tiene derecho cualquier diputado, y obligación de contestar en tiempo y forma por parte del Gobierno».

El Gobierno ha confirmado que «no existe contratación de dicha empresa con las consejerías de Presidencia, Derechos Sociales, Educación, Economía, Turismo y Obras Públicas, pero nada dice ni se menciona referencia a la Consejería de Sanidad o Hacienda, que son las verdaderamente relevantes en este caso, y ellos lo saben», señala el diputado en un comunicado.

Para Díaz-Estébanez, «esto se puede considerar una agresión al derecho de información de los diputados y un desprecio a la verdad y a la transparencia, que solo puede atribuirse al nerviosismo de un Gobierno que hace todos los esfuerzos en eludir su responsabilidad jurídica y política, y no ayuda en nada a aclarar lo sucedido«.

«En todo caso y a pesar de sus denodados esfuerzos por esconderse, tendrán que dar esas explicaciones ante la Justicia, como así ha quedado claro a partir de la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción«, según el parlamentario de CC-PNC.

Díaz-Estébanez quiere que el Gobierno aclare el plazo de entrega del material, ya que pese a ser una emergencia «no es hasta más de seis meses después cuando se hacen los primeros requerimientos a la empresa por su incumplimiento».

En el contrato, según el diputado, debería figurar la cuantía del pago, las condiciones y «si se establecía como requisito el pago de la totalidad del dinero por adelantado», a no ser que fuera «una decisión arbitraria y a posteriori del contrato».

También hay que aclarar, según Díaz-Estébanez, qué hizo la administración una vez que resultó fallida la primera operación y que en mayo de 2021 llegó un cargamento de mascarillas falsas, lo que «constituye un delito».

Debe aclararse si la Administración «no solo no denuncio ante la Justica tal circunstancia, sino que contactó con la empresa para renegociar las condiciones del contrato, a todas luces ya resuelto, algo que también sería claramente irregular», indica el diputado.

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