Canarias es una de las tres únicas comunidades autónomas que ha visto descender la licitación pública. / C7

Los constructores achacan la caída de la licitación a la «inmovilidad» del Gobierno

El presidente del Cabildo de Tenerife señala que la normativa de control en las islas es superior a la media estatal, a lo que se une la falta de personal

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

El «inmovilismo» y la «pereza» del Gobierno regional son los principales motivos que han provocado la caída de la licitación pública en las islas en los primeros diez meses del año frente a la tendencia al alza registrada a nivel nacional. Así lo entienden los constructores de Las Palmas, cuya presidenta, Salud Gil, considera que «no hay excusa» para esta situación. Según los datos hechos públicos esta misma semana por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Canarias es la comunidad autónoma en la que más ha descendido la licitación pública en comparación con el ejercicio anterior, un 61% hasta el pasado mes de octubre. En el conjunto del país, la licitación ejecutada por todos los organismos públicos alcanzó un importe de 19.281 millones en los diez primeros meses del año, lo que representa un crecimiento del 85,6%.

Para la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil, esta «parálisis» -que a su juicio afecta a todas las consejerías, no solo a la de Obras Públicas- no es nueva, ya que se viene dando desde antes de la pandemia, frente a la «eclosión que se produce en el resto del territorio español».

Salva de esta situación a las corporaciones locales, que cubren casi dos tercios de lo que se licita. Y es que, según los datos que maneja la patronal de Las Palmas, de 700 millones licitados, casi 500 corresponden a cabildos y ayuntamientos. «Las entidades locales han tomado un protagonismo importante a la hora de licitar, frente a lo que ocurre con el Gobierno de Canarias». En su opinión, «no hay excusa» para esta situación.

Sí encuentra justificación el presidente del Cabildo de Tenerife y titular de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Pedro Martín. En su opinión, «cada vez que se aprueba una ley para realizar un control más exhaustivo de los procedimientos, conlleva un coste en tiempo». Como ejemplo, señala que para ejecutar una carretera «el proyecto se tiene que someter al planeamiento municipal, al ordenamiento insular y a las normas autonómica y nacional, porque», agrega, «Canarias cuenta con una regulación normativa superior a la media del Estado». Al final, dice, hasta que se inicia la obra, «han pasado entre tres y cuatro años». Considera que «la maraña administrativa es evidente y se ha ido incrementando en los últimos 20 años de manera exponencial» y para ratificarlo, Martín indica que en el Cabildo de Tenerife había 600 formularios para dirigirse a la institución, circunstancia en la que trabajan para simplificarlo y para reducir los tiempos.

Asimismo, el presidente tinerfeño considera que contribuye a dilatar el tiempo de resolución de los expedientes la falta de personal cualificado para informarlos y tramitarlos y los problemas de las instituciones para dotarse de una plantilla acorde a las necesidades que tiene. En este aspecto, Salud Gil se muestra tajante al señalar que el teletrabajo contribuye a esta ralentización, por lo que no ve «de recibo» que no se hayan incorporado todos los empleados públicos a sus puestos de trabajo presenciales «como hemos hecho todos».

En este análisis, Pedro Martín también reconoce problemas con los recursos que presentan las empresas, por lo que desde la Fecai ya se ha reclamado que se dote de más personal al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. En este sentido, reiteró que los recursos presentados a concursos adjudicados por los cabildos en 2015 representaron 1,5 millones y de seis millones en el caso de los ayuntamientos. Seis años después, en 2021, el valor estimado de los contratos recurridos es de 1.643 en los cabildos y 832 millones en los ayuntamientos, «obra adjudicada que se paralizó», recalca.