Imagen de archivo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saludando a Ángel Víctor Torres y a Román Rodríguez. / JUAN CARLOS ALONSO

CC y PP creen que el acuerdo del REF abre la puerta a más incumplimientos

La oposición al Gobierno de Canarias entiende que unos derechos consolidados no deberían ser «moneda de cambio» con el Estado

B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

Mientras los socios del pacto de Gobierno en Canarias aplauden el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para mantener el diferencial fiscal que otorga el REF a las producciones audiovisuales realizadas en las islas y evitar recurrir al Tribunal Constitucional, la oposición considera que supone una vulneración del REF y una «tomadura de pelo» a los canarios.

Así, Coalición Canaria denunció ayer que el «supuesto acuerdo» acuerdo alcanzado entre Nueva Canarias y Partido Socialista con la ministra María Jesús Montero, supone «la vulneración del REF y del Estatuto de Canarias». Para los nacionalistas, con esta firma se da por buena la vulneración del REF y del Estatuto y se hace «pisoteando al Parlamento de Canarias», lo que supone un precedente «gravísimo» puesto que da por bueno que el Gobierno de España interprete que se puede incumplir el fuero canario y el Estatuto de Autonomía».

Así, el secretario general de CC, Fernando Clavijo, aseguró que «el gravísimo precedente» de vulneración de derechos llevado a cabo por Nueva Canarias y el PSOE supone, de hecho, «la ruptura del frente común» en Canarias en defensa del REF y del Estatuto con un único objetivo «tener una excusa para seguir ocupando un sillón en el Gobierno».

En este sentido, la secretaria de Organización de CC Tenerife y vicepresidenta del Parlamento, Rosa Dávila, apuntó que «con esa foto y ese supuesto acuerdo, Román Rodríguez ha puesto su interés personal por encima del interés de Canarias» y lo ha hecho «sin vergüenza alguna con luz y con taquígrafos; si había alguna duda sobre su nacionalismo; ayer quedó despejada». Sobre todo cuando han abierto una puerta muy peligrosa porque han aceptado «el chantaje de la ministra de Hacienda de respetar los fueros canarios a cambio de su apoyo a los Presupuestos».

También la presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, cree que una «tomadura de pelo» que el PSOE y Nueva Canarias califiquen de acuerdo el compromiso de fijar en un 80 % el diferencial fiscal «cuando es un aspecto que ya está recogido en el REF». Navarro sugirió en un comunicado que un Gobierno «decente» debería convocar la Comisión Bilateral para zanjar el asunto, porque entiende que los incentivos del REF y del Estatuto de Autonomía son «intocables».

«Seguimos defendiendo que los derechos de los canarios son de obligado cumplimiento, por lo tanto, ni se negocian, ni se rebajan, sino que hay que exigir que se cumplan siempre. El supuesto acuerdo político es un engaño más de los gobiernos de Torres y Sánchez a Canarias porque sólo recoge lo que nos corresponde por Ley», insistió la líder popular. Unos derechos consolidados que, a su juicio, no deberían de utilizarse como «moneda de cambio» para garantizarse futuros respaldos a los próximos Presupuestos del Estado (PGE).

Por otro lado, la vicesecretaria general del PSOE y presidenta del Grupo Parlamentario de los socialistas canarios, Nira Fierro, celebró el acuerdo alcanzado el lunes y destacó como clave el «empeño» de Ángel Víctor Torres. Es la «salida política que llevábamos semanas reclamando», dijo, para añadir que «siempre hemos sido defensores del diálogo y la vía política con el Gobierno de España y, una vez más, se ha demostrado que este es el camino para cerrar acuerdos».

Fiscalidad eléctrica

Tanto CC como PP denunciaron que el Congreso vota hoy el Real Decreto Ley de la fiscalidad eléctrica, que también modifica el REF, sin pedir informe previo al Parlamento de Canarias. Para Clavijo, «quedará en evidencia que, con la complicidad del PSOE canario y el diputado de NC, el Gobierno de España ha hecho de la vulneración del fuero un hábito de trabajo». La diputada nacionalista, Ana Oramas, ha advertido ya a la Mesa del Congreso que ese Real Decreto debe ser retirado y no votarse porque supone una vulneración del articulo 167 del Estatuto y de la Constitución.