El Congreso vuelve a saltarse el REF al pedir un informe de una ley ya aprobada

Esther González muestra de este modo su «estupefacción» por el contenido de la comunicación de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, firmada el pasado 23 de diciembre y registrada el 4 de enero en el Parlamento de Canarias.

La también vicepresidenta primera del Parlamento canario remarca que el pasado 5 de noviembre el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de inconstitucional del legislativo canario contra una disposición de la ley de medidas contra el fraude fiscal de las Cortes Generales y, el pasado 29 de diciembre, se tuvo conocimiento de que el TC adoptó la misma decisión con respecto a la segunda demanda de inconstitucionalidad relativa al real decreto ley sobre la fiscalidad energética.

En ambos casos, dice la diputada de NC, el legislativo canario, por unanimidad, decidió impugnar la vulneración de los procedimientos establecidos en el artículo 167 del Estatuto y la disposición tercera de la Constitución.

La presidenta de la Cámara Baja, en su escrito, pone en conocimiento que la comisión de Hacienda y Función Pública, con competencias legislativas plenas, «aprobó» el pasado 21 de diciembre el Proyecto de Ley (PL) de Medidas Financieras de Apoyo Social y Económico y de Cumplimiento de la Ejecución de Sentencias. Una norma que procede del Real decreto Ley 39/2020 de 29 de diciembre.

Traslada así al Parlamento canario, añadió Esther González, las modificaciones del citado proyecto de ley, introducidas como consecuencia de enmiendas aprobadas en la tramitación, «de conformidad a lo previsto» en la Constitución y en el Estatuto de 2018 para la modificación del REF. Se trata, según la portavoz económica de NC en el Parlamento regional, de la ampliación en un año los plazos para efectuar la materialización de la RIC dotada con beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en 2016 y la dotación a dicha reserva relativa a las inversiones anticipadas realizadas en 2017 por los graves efectos de la pandemia en las inversiones y resultados económicos en 2020.

También a la disposición final tercera del PL que modifica el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en lo relativo a las reglas de localización de determinadas prestaciones de servicios para evitar supuestos de doble imposición y coordinar su regulación con lo establecido en la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).