El Congreso da luz verde al proyecto de ley que cede a Canarias el impuesto sobre residuos
Todos los grupos de la Cámara rechazan el veto que Vox presentó al traspaso por entender que «pone en peligro la unidad de España»
El pleno del Congreso dio luz verde este jueves al trámite parlamentario urgente del proyecto de ley que modifica el régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, para incluir la cesión del impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración.
Todos los grupos parlamentarios rechazaron la enmienda a la totalidad que Vox presentó contra el proyecto de ley -y los de otras cinco comunidades autónomas- porque a juicio de la formación de extrema derecha la cesión del impuesto de residuos, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero, «pone en peligro la unidad de España» porque «ahonda en las profundas ineficiencias y desigualdades existentes entre los españoles como consecuencia del Estado de las autonomías».
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expresó su incredulidad desde la tribuna por el hecho de que Vox aprovechara el texto de un proyecto de ley sencillo sobre el gravamen a los residuos para hablar del modelo constitucional y cuestionar la arquitectura del Estado autonómico.
«Rechazamos el veto porque este Gobierno defiende que hay que nutrir de recursos a las comunidades autónomas para que realicen la gestión pública en las mejores condiciones»», expuso, «y porque España es lo suficientemente fuerte para poder permitirse soportar ceder el impuesto sobre residuos», ironizó. El resto de los portavoces también cuestionaron los motivos de Vox para oponerse a la cesión del tributo.
El proyecto de ley que traspasa a Canarias el tributo de residuos, que se tramitará ahora en la comisión de Hacienda con competencia legislativa plena para que pueda entrar en vigor al inicio de 2023, da cumplimiento al acuerdo que los Gobiernos estatal y canario cerraron en el mes de septiembre en la Comisión Mixta de Transferencias.
El impuesto sobre residuos, incineración y coincineración, creado en la ley de economía circular aprobada en abril, tiene como finalidad el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado, con el objetivo de reducir de manera radical el volumen de residuos que se deposita en vertederos para pasar del 80% actual al 10% en el año 2035.
