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La comisión de Transportes del Congreso aprobó este martes una proposición no de ley que insta al Gobierno estatal a replantearse la liberalización de las torres de control de los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Palma de Mallorca, Bilbao y Santiago y frenar el proceso de privatización abierto para el que el Ejecutivo ha fijado un plazo de dieciocho meses.
La iniciativa de ERP y Bildu contó con el respaldo del grupo palamentario socialista, tras introducir una enmienda a favor de que se revise la idoneidad de la decisión de que las siete torres de control pasen a manos privadas.
Por otra parte, Coalición Canaria (CC) y Mes por Baleares han abierto un frente común en el Senado contra la privatización de las torres de control de los dos archipiélagos, por considerar que supondría una pérdida de calidad en el transporte aéreo y afectaria a la conectividad insular y al mercado turístico.
Las dos formaciones políticas han presentado una iniciativa en la Cámara Alta en la que piden que se pare el proceso y proponen que en lugar de privatizarlas, se transfiera la gestión de las torres a las comunidades autónomas que, como en el caso de Canarias, tienen prevista la competencia en su Estatuto de Autonomía.
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