Canarias plantea que el reparto de los menores se haga en función del PIB per cápita de cada comunidad

El Gobierno de Canarias pedirá que para el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas se definan unos criterios de distribución que tengan en cuenta el PIB per cápita de cada territorio, así como su población o la insularidad, «una realidad con la que también cuenta nuestro archipiélago». Estas cuestiones fueron explicadas por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento celebrado ayer y tras la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada el pasado lunes.

En función de los criterios propuestos este martes, Madrid y País Vasco serían las regiones que acogerían mayor número de menores puesto que, según los datos del INE, son las que tienen mayor renta pér capita, llegando a superar el indicador de la Unión Europea y la media española. Por otro lado, Canarias (22.303), Extremadura (21.343) y Andalucía (21.091) se sitúan como las que menor producto interior bruto tienen y son precisamente las que hoy acogen mayor número.

El Ejecutivo regional trabaja en sus aportaciones para la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería, cuyo texto se prevé que esté elaborado esta semana. Además, el presidente del Gobierno regional espera que el documento consensuado entre Canarias y el Estado llegue en abril para llevarlo al Congreso, ya que en la actualidad son más de 5.500 menores migrantes los que están bajo la tutela de la comunidad. También se incluirá el hecho de definir unos «criterios de saturación» (cuando se supere en un 10% la capacidad de acogida) y que se determine un número de plazas de acogida mínimo.

Clavijo valoró que el Ejecutivo estatal «ha cambiado de actitud de manera obligada» y «ha entendido la necesidad de un cambio legislativo». Así, la medida escogida para asegurar el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades autónomas para garantizar que se dé una acogida digna es la fórmula «más inmediata y que más seguridad» da, ya que se puede hacer vía decreto ley, aseguró Clavijo.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Sebastián Franquis, ha apelado a la unidad entre las fuerzas políticas para que manifiesten «con claridad» que van a respaldar la ley, ya que, explicó, así se acabaría de forma definitiva con el proceso.

Para Franquis es una «buena noticia» que los grupos parlamentarios se hayan puesto de acuerdo en su mayoría -ya que no cuentan con el respaldo de Vox- con este asunto, por lo que espera que este consenso también se materialice en el Congreso de los diputados cuando haya un acuerdo «definitivo». Desde Nueva Canarias - Bloque Canarista Luis Campos trasladó que «es necesario que, ahora, la junta de portavoces canaria influya en los grupos con representación en las Cortes Generales» para que, así, «conozcan de primer mano la realidad que afrontan» las islas, lo que hará que se muestren conformes con la modificación de la ley de Extranjería.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, afirmó que con esta medida el Gobierno de Canarias está «trasladando al resto de regiones» los problemas que se tienen en la comunidad autónoma «para intentar disimularlos». Para la formación política, las mejoras en la atención y acogida de los menores migrantes «lo único que hace es favorecer el efecto llamada».

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