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CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 27 de enero 2023
La realidad que explica la directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, dista de la que conocen trabajadores sociales, educadores o la que dan los propios inmigrantes que pasan a la condición de extutelados al cumplir la mayoría de edad.
Serrano afirma que «no se les dice tienes 18 años, a la calle». Y aunque reconoce que las 150 plazas existentes en la red pública «son pocas», indica que se cuentan con recursos en la península y en toda Canarias.
«A medida que sale uno, porque consigue trabajo, piso de alquiler o se reagrupa con familiares, entra otro». El problema es que hay más jóvenes que plazas y un largo camino de trabas para encontrar un trabajo que les permita acceder a una vivienda.
La directora general rechaza la cifra ofrecida por los obispos de que 1.000 jóvenes inmigrantes se quedarían en la calle a principios de 2023 en Gran Canaria al cumplir los 18 años.
Según sus cálculos, este año saldrán entre 160 y 200 jóvenes y califica las declaraciones de los representantes de la Iglesia como «una imprudencia temeraria muy grande», porque además, «nunca han consultado» con la Dirección General para conocer los datos. Insiste en que la cifra publicada «no es real».
El proceso, señala Serrano, es que cuando un chico llega sin documentación, la Policía Nacional los reseña y pone una fecha de nacimiento estimada -suele ser 31 de diciembre o 1 de enero-. Una vez en los centros de acogida, se intenta ajustar esa fecha a través de las familias o los consulados.
Insiste en que los menores extranjeros no acompañados reciben el mismo tratamiento que cualquier otro joven que sale del sistema de protección y no tiene red familiar.
Y aunque los recursos son pocos para los extutelados, «se contacta con familiares en Europa, la península o en Canarias y se les facilita el traslado». En los mejores casos, «entran en recursos de personas extuteladas gestionadas por el tercer sector». Los chicos procedentes de Mali, y a través de la colaboración de Cear, tienen garantizada la ayuda humanitaria como solicitantes de asilo.
Para iniciar el proceso de tramitación del permiso de trabajo o residencia ante la Subdelegación del Gobierno, el paso inicial es que la persona esté documentada. Algunos llegan con su pasaporte y ahí se ahorra mucho trámite.
En 2022 se tramitaron 700 permisos de trabajo y residencia en la provincia de Las Palmas y algo menos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Si no se consigue documentación, se solicita a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional la cédula de inscripción. «Cada caso es un mundo, y sobre todo en el África Subsahariana, es muy difícil documentar a una persona». Esta cédula es una identificación como persona física. A partir de entonces se puede pedir permiso de residencia y trabajo para los mayores de 16 años.
La voluntad de la administración, señala Iratxe Serrano, «es no dejarlos en la calle, no se les dice: ya tienes 18 años. A la calle», pero apunta que esta circunstancia se puede producir porque «se fugan, presentan problemas de adicciones, de salud mental, o se van de los hogares de protección porque no quieren estar».
En estos casos, se denuncia a la policía que están fugados «pero nadie los lanza a la calle». Apostilla: «Magia no podemos hacer».
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