La CEOE denuncia que el exceso de normas y la «telaraña jurídica» lastran la economía canaria
Un informe de la patronal señala que la sobrecarga burocrática genera elevados costes y obstaculiza el crecimiento del tejido empresarial de las islas
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Tenerife considera «imprescindible» que la administración canaria avance hacia la simplificación del procedimiento para la creación de empresas, porque entiende que la actual sobrecarga burocrática supone una «telaraña jurídica» que desmotiva a quienes se proponen poner en marcha una pyme y lastra notablemente el crecimiento económico de las islas.
Un informe sobre la normativa regulatoria de la comunidad autónoma elaborado por la consultora Corporación 5 señala que desde el año 2014 hasta 2021, Canarias se sitúa como la segunda autonomía con mayor crecimiento en la publicación de normas, y destaca que «el mal diseño de la producción normativa implica una limitación de los efectos positivos de esta, llegando incluso a ser negativos», debido a que su uso puede resultar complejo para los agentes económicos.
Entre los efectos que se enumeran está el freno al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) por el impacto negativo en la productividad. Se señala además que la complejidad normativa afecta negativamente a la eficacia del sistema judicial.
El estudio indica que en su conjunto España -con una media de 13 procedimientos administrativos, 143 días y un coste del 4,7% del ingreso per cápita- es uno de los países que ofrece menos facilidades para la creación y puesta en marcha de una empresa frente al resto de los países de la OCDE.
Y si ya España se queda atrás en la simplificación de trámites, en la clasificación por autonomías Canarias se sitúa en el puesto 12 de los 19 territorios analizados, solo por delante de Melilla, Andalucía y Baleares. Si se analiza el número de trámites que supone la apertura del negocio, Las Palmas de Gran Canaria se sitúa entre las tres primeras posiciones.
El informe encargado por la patronal tinerfeña recalca que una vez superados los obstáculos burocráticos para crear la empresa o negocio hay que añadir los costes regulatorios que supone llevar a cabo la actividad económica, como los derivados de la seguridad, tecnología, eficiencia energética o riesgos laborales.
En cuanto al coste regulatorio sobre la facturación por actividad económica y tamaño de empresa, según las estimaciones realizadas Canarias presenta una carga regulatoria de 9.466 millones de euros, que la sitúan por debajo de la media nacional (10.618 millones de euros), y muy alejada del máximo registrado por Cataluña (17.588 millones de euros). En términos de actividad económica, los mayores costes regulatorios en las islas se producen en la agricultura y la construcción.
Independientemente de la actividad económica, la carga burocrática en Canarias se concentra en las micropymes. El estudio evidencia que el coste al que se enfrentan las empresas se reduce a medida que aumenta su tamaño, lo que podría deberse a que disponen de más estructura (humana y de capital) para hacer frente a las obligaciones administrativas y burocráticas, ya sea para gestionarlas internamente o externalizar el servicio contratando a asesorías especializadas.
El informe concluye que resulta «de especial importancia» realizar sondeos a las empresas, en los que se especifique la monetización de la carga administrativa, para «analizar de manera certera la realidad de las dificultades regulatorias a las que se enfrentan las empresas», que se agudizan en el caso de las pymes, y detectar mejor los posibles solapamientos burocráticos.
