CC OO insta a modificar la «obsoleta» ley de Función Pública

09/08/2019

El sindicato considera que la norma, que fue aprobada hace 32 años, no responde a la realidad y pide que se abra a establecer diferentes vías para el acceso a la plantilla de la comunidad

El sindicato CC OO considera que la polémica surgida tras la suspensión, y posterior levantamiento, de 17 oposiciones convocadas por la comunidad autónoma tiene como punto de partida la «obsoleta» Ley de la Función Pública Canaria, que se aprobó en 1987, es decir, hace 32 años, según explica el portavoz del área pública de la citada organización, Jorge Reyes. Por eso, entiende que es preciso que el Gobierno regional afronte la necesidad de revisar esta norma «y elabore un nuevo texto que se adapte a la realidad actual, que se modifique porque la mayor parte de los procesos selectivos se están haciendo mediante concurso oposición y, en algunos casos, por concurso de méritos, y no sólo por oposición pura y dura como plantea la ley canaria».

El representante sindical señala como fórmula para mejorar esta ley autonómica que se utilice como referencia el Estatuto Básico del Empleado Público -que se aprobó en 2007 y se refundió en 2015 y es norma básica del Estado- y que da la posibilidad de utilizar cualquiera de las tres fórmulas de acceso a la administración.

Agrega que el «error» de la comunidad autónoma fue convocar un concurso oposición -cuyas bases se aprobaron en 2016 y devienen de las ofertas públicas de empleo de 2015 y 2016 que se acumularon- con carácter general «sin justificarlo, que es lo que requiere la ley y lo que pretende el Tribunal Superior de Justicia de Canarias». Para Reyes, «es tan sencillo como explicar por qué se utilizó un procedimiento y no otro» y apunta que la administración tiene «argumentos más que suficientes» para detallar su decisión en un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo, por lo que no entiende «cómo no se ha recurrido» a esta instancia.

El portavoz de CC OO valora como «acertada» la decisión del Gobierno de Canarias de levantar la suspensión y entiende que «da seguridad jurídica» al estar avalado por un informe que señala que todos los procesos selectivos pueden continuar excepto uno. En cualquier caso, Jorge Reyes insiste en que existen «argumentos jurídicos suficientes para contrarrestar la sentencia» y dar validez a la elección del sistema elegido.

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, señaló esta semana que el Gobierno decidió anular la suspensión de los procesos selectivos por entender que jurídicamente es la vía más correcta y manifestó su interés por «cuidar» a los «efectivos imprescindibles» para la comunidad.

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