Pomares, en la comisión parlamentaria en la que no respondió a las preguntas sobre la supuesta falsificación de documentos. / diario de avisos

La candidatura de Pomares abre un debate jurídico por la lesión de derechos de los diputados

Podemos y Nueva Canarias insisten ante la mesa en revisar el sistema de voto conjunto de la lista de siete y plantean aplazarlo

Francisco Suárez Álamo
FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

Francisco Pomares, candidato de Coalición Canaria a la Junta de Control de Radiotelevisión Canaria (RTVC) se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Parlamento. Podemos y Nueva Canarias han presentado sendos escritos a la Mesa de la Cámara cuestionando que los parlamentarios no puedan votar por separado a los siete integrantes de esa Junta de Control, al tiempo que se plantea incluso la conveniencia de sacar ese punto del orden del día del pleno previsto para el martes y el miércoles. Lo que subyace es que hay grupos que quieren votar por separado a los candidatos, lo que abre la puerta a dejar constancia de su rechazo a Pomares, mientras que una votación de los siete juntos no permitiría diferenciar el parecer respecto a cada uno de ellos.

En ambos escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, se discrepa del argumentario seguido hasta la fecha por la Mesa del Parlamento. Esta, con el socialista Gustavo Matos al frente, se ha aferrado a la tesis esgrimida en un dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara, con Salvador Iglesias como máximo responsable. Iglesias fue director general del Gobierno canario bajo mandato de CC. Básicamente, ese dictamen sostiene que es la última modificación de la ley que regula el ente RTVC la que estableció la votación «conjunta» de la candidatura de siete miembros.

Frente a ese argumentario, Nueva Canarias y Podemos esgrimen otra interpretación jurídica, con advertencia expresa de posible vulneración de los derechos de los parlamentarios.

NC sostiene en su escrito que el dictamen de los juristas del Parlamento es «contrario a un derecho elemental de los diputados que sí fue aplicado en la Comisión de Control». Agrega Nueva Canarias que «no existe pues contradicción en celebrar una votación conjunta, tal y como indica el artículo 11, apartados 2 y 3 de la Ley 13/2014 mencionados en el citado Informe jurídico, y pronunciarse sobre cada una las personas que integran esa lista cerrada. Si lo que hay que votar tiene una afección indudablemente individual, indicada en la propia ley, y su elección debe hacerse de manera conjunta, ambas obligaciones pueden ser conciliadas sin que una se imponga a la otra». Y plantea a la Mesa que «entre tanto se dirime sobre la cuestión», se suspenda» la tramitación del asunto en la sesión plenaria prevista para los próximos días 11 y 12 del mes en curso, por cuanto podría incurrirse en una lesión del derecho de los diputados a elegir libremente a los miembros de la Junta de Control, sin verse obligados a emitir un único voto que abarque a todos los candidatos».

En cuanto a Podemos, argumenta en su escrito que una votación «de lista única y cerrada (...) puede ser contrario al ordenamiento jurídico, por contrario al pluralismo político (arts. 1.1 y 9.1 CE), y constitutivo de una lesión del derecho fundamental de participación política de las diputadas».

Añade esa formación política que «dicho sistema de votación, además, es incongruente con el realizado en Comisión sobre la idoneidad y compatibilidad de los candidatos y coloca a los diputados y diputadas de los Grupos Parlamentarios ante el dilema completamente artificial y forzado de no poder votar en el Pleno en los mismos términos y con la misma libertad que en la Comisión. Es mucho más acorde con la Constitución, y con el ejercicio del derecho fundamental de participación política, interpretar 'votación conjunta' como 'votación simultánea', es decir efectuada en el mismo acto parlamentario y sobre todos y cada uno de los candidatos, que es por añadidura la más acorde con la naturaleza y sentido propio del término utilizado por el legislador».

En conclusión, Podemos pide a la Mesa el aplazamiento de la votación y que sea sustituido por un procedimiento «plenamente garantista de los derechos fundamentales, en el que -preservando la unidad del acto parlamentario de elección y, por tanto, procediéndose en una misma sesión parlamentaria la votación simultánea de todos y cada uno de los candidatos propuestos- se permita que las diputadas y diputados puedan de forma individual manifestar su aceptación, abstención o indiferencia respecto a cada uno de las candidatas o candidatos a la Junta de Control».

son los miembros de la Junta de Control. CC propuso a Pomares, por decisión expresa de Fernando Clavijo, y la otra candidata de ese partido es Cristina Vera; por el PSOE están Alfonso Campoamor y Luz Belinda Giraldo, mientras que Carmen Medina es la cuota de ASG aunque formalmente la propone el Grupo Socialista; el candidato del PP es Jorge Rodríguez y por NC es Rosi Morera.

La trascendencia de la presunta falsificación «es indiscutible»

En su escrito ante la Mesa, Podemos también cuestiona la idoneidad de Francisco Pomares para la Junta de Control. Lo hace a partir de lo relevado en la última semana de abril por los periódicos 'Diario de Avisos' y CANARIAS7 sobre la presentación por parte de Pomares de documentos presuntamente falsificados para conseguir plaza de profesor en la Universidad de La Laguna. «Hechos por los que, preguntado en la Comisión de idoneidad celebrada ese mismo día, el candidato no sólo no negó las referidas informaciones públicas, sino rehusó a dar la menor explicación sobre ellos. Se trata», agrega Podemos, «de un hecho supuestamente realizado -y no desmentido en sede parlamentaria- por quien aspira a desempeñar un cargo no en una órgano de naturaleza administrativa o ejecutiva, para lo que los referidos hechos tendrían una especial trascendencia negativa, sino a formar parte del Órgano que tiene la función de garantizar en los medios informativos de titularidad pública autonómica el pleno respeto a la libertad, el pluralismo y la objetividad informativas, determinantes para la existencia y formación de una opinión pública libre, que constituyen la razón de la existencia de la RTVC. La trascendencia de esta cuestión es indiscutible».

Sobre esa presunta falsificación, Francisco Pomares envió un escrito a este periódico en el que, acogiéndose a su derecho de rectificación, señala que es «falso» que incurriera en esa irregularidad, sin aportar documentación alguna. El escrito fue publicado el pasado jueves.