Canarias y el Estado salvan los escollos del nuevo REF

Los Gobiernos central y canario dieron por superadas ayer las discrepancias que lastraban la tramitación de la parte económica del Régimen Económico y Fiscal (REF), en una reunión de casi tres horas que concluyó con un acuerdo para garantizar que en el futuro no se pueda recortar la bonificación al transporte de residentes.

Loreto Gutiérrez
LORETO GUTIÉRREZ

Durante la larga reunión que mantuvo con la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, accedió a eliminar del proyecto de ley del REF económico el concepto de tarifa bonificable y sustituirlo mediante enmienda en el Congreso por alguna fórmula que ancle en la ley el derecho a la bonificación, sin margen para interpretaciones arbitrarias.

«Hemos avanzado bastante», señaló Dávila tras su encuentro con el ministro, «hay que mandar un mensaje de tranquilidad a los canarios porque el descuento a residentes no va a quedar en el aire», añadió.

La consejera de Hacienda indicó que tras explicar en detalle los motivos del rechazo de Canarias a la introducción de la tarifa bonificable, el Gobierno estatal entendió los reparos y se mostró dispuesto a pactar otro término.

«Lo han entendido perfectamente», expuso, «ahora vamos a buscar un concepto que puede ser la tarifa de servicio que ya está recogida en el REF desde 1994 o en su caso otro término que se pueda acordar, pero que garantice el derecho a la bonificación sobre el precio del billete», añadió.

Por lo que le expusieron sus interlocutores -además del ministro también participaron en la reunión los secretarios de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y de Presupuestos, Alberto Nadal-, Dávila llegó a la conclusión que el empeño inicial del Gobierno por introducir el en REF el concepto de tarifa bonificable responde «a la preocupación no tanto por el descuento de residentes sino por los abusos que en ocasiones cometen algunas compañías aéreas».

A este respecto la consejera transmitió al Ejecutivo estatal su «apoyo absoluto» a las medidas de lucha contra los abusos.

El otro punto de conflicto, la negativa inicial del Estado a incluir en el nuevo REF la subvención a la potabilización de agua para riego agrícola, marcado también como línea roja por Canarias, quedó asimismo desbloqueado. «En el ámbito del agua agrícola también hemos avanzado mucho y ahora pasa a la ponencia del Congreso», expuso Dávila.