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El Gobierno de Canarias urge una solución al «drama» de la inmigración de tal manera que las personas que llegan en patera puedan ser atendidos en instalaciones adecuadas y las ONG dispongan de los recursos económicos precisos para llevar a cabo esta atención y a la vez tengan seguridad sanitaria ante la pandemia.
Al respecto, el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, ya ha pedido una reunión «específica» sobre este asunto para contar con un diagnóstico «de la realidad espacial» ante un problema que se agrava por la continua llegada de pateras sin que hasta ahora, y debido al estado de alarma, se hayan podido continuar las repatriaciones y derivaciones a otras comunidades autónomas «ni han podido seguir su tránsito».
A este escenario se suma el cierre del CIE de Gran Canaria -en febrero se anunció que se rehabilitaría el de Fuerteventura-. Todo ello ha generado que las ONG se hayan quedado sin plazas en sus recursos y se estén improvisando nuevos espacios que no siempre cumplen con unas condiciones mínimas para la acogida en condiciones dignas, como ha sido el reciente caso de una nave en el Puerto de la Luz, en la que tuvieron que dormir en colchonetas en el suelo.
Torres, que en las últimas reuniones entre presidentes autonómicos con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa este asunto y la necesidad de abordarlo de manera coordinada entre las distintas administraciones publicas para dar una respuesta asistencial adecuada y poder disponer de un protocolo sanitario.
En este sentido, desde el Gobierno de Canarias se señala que se ha estado trabajado con la Delegación del Gobierno -ya que es el Estado quien tiene las competencias- para que las islas se doten de los espacios «adecuadosy suficientes» para acoger a las personas que llegan hasta las costas del archipiélago, un flujo que en lo que va de año se ha incrementado un 630% respecto al ejercicio anterior. Esta situación es muy diferente a la que se observa en el resto de las costas españolas, donde se ha observado una reducción notable en cuanto a la llegada de inmigrantes en patera.
El Gobierno de Canarias, que ha mostrado su preocupación por este fenómeno, ha «habilitado y entregado» para la acogida de inmigrantes «muchísimos espacios propios de manera temporal» en distintas islas. Muchas de estas instalaciones son de carácter educativo y algunas volverán a precisarse para llevar a cabo las actividades habituales que se realizan en ellas.
Por eso, insistió esa semana el presiente canario, es preciso realizar un diagnóstico para conocer la realidad de la situación y saber qué espacios están disponibles por parte de las distintas administraciones, que las organizaciones que atienden a los inmigrantes cuenten con los fondos que necesitan para desarrollar su trabajo. Reclama igualmente que a «nivel intencional se dé la respuesta que este drama humanitario necesita».
El Ejecutivo autonómico ha incluido la inmigración en el orden del día de la comisión bilateral Canarias-Estado que está pendiente y que presidirá la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. Este encuentro que aún no tiene fecha fijada.
Por otro lado, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, afirma que nadie ha solicitado al Ayuntamiento autorización para la instalación de un campamento para inmigrantes en Arinaga porque «la decisión está tomada y es un espacio que la Autoridad Portuaria ha puesto al servicio de la Delegación del Gobierno y Cruz Roja». Aún así, señala que la ONG «tendrá la colaboración humanitaria del Consistorio, de eso no hay la menor duda» pero sostiene que el espacio elegido «no reúne las condiciones mínimas para el desarrollo de esa labor».
La Secretaría de Estado de Migraciones ha autorizado el acondicionamiento de una instalación temporal en el Puerto de Arinaga para la acogida de migrantes que tendrá capacidad para 900 personas, y al menos un 10% de las plazas quedarán reservadas aislar a quienes den positivo en la prueba del covid-19. Este espacio estará listo en dos semanas.
El alcalde de Agüimes ha puesto objeciones al uso que se le pretende dar a esta zona, pues señala que se «diseñó para albergar industrias no para acoger a seres humanos» y añade que «el Estado tiene que asumir su responsabilidad y buscar soluciones dignas. A su juicio, «no se puede buscar de urgencia este tipo de soluciones y meter a personas allí como si se estuviera llevando una mercancía». Insistió en que «son seres humanos que se arriesgan para buscar esperanzas vitales y, por lo tanto, necesitan unas condiciones mínimas de seguridad, tanto sanitarias como de comodidad en la convivencia».
Óscar Hernández, que vive en Arinaga y conoce la zona, afirmó que la parcela de 250.000 metros cuadrados que ocupará la Cruz Roja «es la que tiene más insolación y viento del lugar». «En el interior del polígono hay algo de abrigo por las naves industriales, pero la zona donde se ubicará el campamento es la más expuesta, con muchísima diferencia», recalcó.
«El Gobierno de España se ha lavado las manos en este asunto y tiene que buscar soluciones que no sean estos campamentos, sino centros de acogida con condiciones adecuadas para el alojo de personas», concluyó Óscar Hernández.
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