Canarias teme que Hacienda discuta sacar el REF de la nueva financiación

El Gobierno de Canarias ve con recelo la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica que quiere impulsar el Ejecutivo estatal, porque considera que si se cierra sin el necesario consenso el resultado podría ser peor para las islas que el sistema actual a la hora de repartir los recursos destinados a sufragar los servicios públicos esenciales. La principal preocupación estriba en el convencimiento de que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero va a poner peros a mantener el acuerdo por el que en el año 2017 los recursos del REF dejaron de computarse como parte de la financiación, pese a que así está recogido en el nuevo Estatuto de Autonomía aprobado en octubre de 2018.

«Nos lo van a discutir», señala el viceconsejero de Hacienda canario, Fermín Delgado, «eso no quiere decir que lo vayamos a perder, pero nos van a poner reparos», añade. Que se respete la desvinculación del REF de la financiación es para Canarias «la piedra angular» sobre la que debe sustentarse toda reforma del sistema vigente, caducado desde 2014, y por tanto condición sine qua non para que la comunidad autónoma se sume a un nuevo modelo de distribución de los recursos estatales.

Delgado mantiene que la mejor opción para Canarias sería quedarse fuera del régimen común -como ya lo están País Vasco y Navarra- porque las islas tienen reconocido un régimen económico y fiscal propio y por las particularidades geográficas y territoriales del archipiélago. Asume sin embargo que la actual legislación hace muy difícil esa salida, por lo que el Ejecutivo canario va a centrar su posición negociadora en que se respete la separación de los recursos del REF como establece el Estatuto, junto a otras dos condiciones: que en el nuevo sistema se consolide la suspensión de la devolución del ITE y que dentro de los parámetros de la población ajustada se mantenga el peso de la insularidad.

«En 2015 se acordó la suspensión temporal de la devolución del ITE hasta que haya un nuevo sistema de financiación, lo que supone que Canarias dispone de 160 millones más al año para servicios básicos», señala, «y lo que pedimos es que la suspensión temporal se convierta en definitiva», añade. Respecto a la distribución de los recursos por población ajustada, la demanda es que se tenga en cuenta las cifras de desempleo y de pobreza, además de la lejanía y la insularidad. «Lo que más nos interesa es que no se baje el criterio de la insularidad», expone, «querríamos que se mejorara, pero al menos que no disminuya su peso como parámetro para la población ajustada que determina el reparto». Delgado recuerda que otras autonomías presionan para elevar los criterios que más les favorecen y pone como ejemplo que una de las propuestas es dotar de más recursos a las autonomías que tienen lengua propia. «Eso a nosotros no nos vale», afirma.

El viceconsejero de Hacienda mantiene que con la suspensión de la devolución del ITE desde 2015 y la desvinculación de los recursos del REF acordada en 2017 –que ahora Hacienda podría intentar revertir- el sistema de financiación vigente «es bueno para Canarias» y entiende que de no respetarse en el futuro modelo es mejor no tocar nada. «Si no se dan las tres condiciones que planteamos, preferimos mantener nuestra posición actual», señala.

Canarias va a optar por defender su posición sin sumarse a ninguno de los frentes que están organizando algunas comunidades autónomas para tratar de hacer valer sus criterios en la negociación con el Estado y se desmarca de encuentros como el que ha organizado el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, en Santiago de Compostela para el próximo día 23, en el que está previsto que participen Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, por entender que su trasfondo es partidista.

millones es lo que la comunidad autónoma retiene anualmente por la suspensión temporal de la devolución del ITE, cantidad que el Gobierno canario quiere consolidar