«Canarias reducirá en tiempo y forma la temporalidad»

- ¿Cuantas personas que ahora ocupan una plaza en abuso de temporalidad quedarán fuera?

- Teníamos la preocupación de cómo limitar la convocatoria o cómo se podría valorar de manera distinta al personal afectado que estuviera trabajando en el archipiélago para que no se viera perjudicado, porque País Vasco o Cataluña pueden tener la limitación del idioma. Entendimos, y los servicios jurídicos lo apoyaron, que se podrá puntuar de manera distinta -hasta tres veces más- al personal laboral que ocupe una plaza en estos momentos aquí respecto a una persona que venga de fuera. Esto les permitirá cierta ventaja frente al llamado 'turismo laboral', opositores que se desplazan y una vez tengan la condición de funcionario se vuelven a su territorio.

- Los temporales de la administración general han estado muchos meses en huelga reclamando su fijeza. ¿Cuál es su situación?

- El comité de huelga está actualmente compuesto solo por el sindicato Cobas -con el que tenemos pendiente una reunión-, porque Intersindical Canaria ha presentado un escrito indicando que quiere adherirse y firmar el acuerdo suscrito con el resto de organizaciones. La mesa general de la comunidad autónoma la conforman cinco sindicatos (Csif, IC, Sepca, CC OO y UGT). De ellos, cuatro firmaron el acuerdo en su momento e IC lo ha solicitado ahora, por lo que entendemos que este proceso tiene el apoyo de todos los representantes de los trabajadores en la mesa general.

- Las entidades locales también tienen la obligación de reducir la temporalidad entre su plantilla. ¿Tendrán las mismas bases?

- La ley permite que las bases se negocien en cada uno de los ámbitos, pero las autonómicas han sido adaptadas no solo por ayuntamientos y cabildos, sino por empresas públicas que tenían personal laboral temporal que ahora tienen que pasar a fijos.

- Se ha constatado, sobre todo cuando se empezaron a recibir fondos extraordinarios, que falta plantilla. ¿Han cuantificado qué déficit tiene Canarias?

- El personal que necesitamos está limitado por la tasa de reposición que el Estado establece no en función de las necesidades, sino de la capacidad económica de cada administración. Hasta ahora se ha ido ampliando en sectores esenciales, como policía o sanidad y un 10% más para cubrir las jubilaciones. En las ofertas de empleo público, pretendemos cubrir 275 plazas de 2019; 394 de 2020; y 358 de 2021 para cuerpos y escalas diferentes. Lo que pasa con los fondos europeos es que existe personal directivo entre el que se puede elegir, pero no hay estructura de funcionarios para compaginar lo ordinario y lo extraordinario. Lo que hicimos es buscar fórmulas de apoyo de personal interino con una bolsa de empleo de algo más de 47.000 personas, pero no vamos todo lo rápido que quisiéramos.

- Esa lista no estaba funcionando. Hasta el verano no se había sacado de ahí a ninguna persona

- Ha habido un problema, porque se planteó con un sistema novedoso, que era por autoevaluación, es decir, que cada persona evaluaba su titulación y demás. Al ir a seleccionar y llamar a los 100 primeros para ver si la puntuación era correcta, en la mayoría de los casos estaba mal. Tampoco esperábamos que mucho personal de la comunidad autónoma se inscribiera para buscar la carrera profesional. Ese no era el objetivo. Lo que pretendíamos era buscar gente joven, con experiencia en la actividad privada, que quisiera incorporarse a la administración durante tres años y buscar nuevo talento.

- El Estado trabaja en una Ley de Función Pública que liga la vida laboral de los funcionarios a una evaluación que puede afectar a sus retribuciones. ¿Canarias se plantea algo similar?

- Los fondos europeos ya establecen que las estructuras que se creen deben tener un porcentaje del cumplimiento de objetivos. El Gobierno de Canarias también ha establecido la dirección por objetivos y vamos implantándolo poco a poco. Entendemos que en el futuro debe haber una fórmula de trabajar distinta que irá asociada a la productividad y la remuneración, pero por departamentos. Es decir, se establecerán objetivos que debe cumplir cada área desde principio del mandato. La clave son los jefes de servicio, que tendrán que poner los equipos a trabajar para cumplir con esos objetivos.

- ¿Se les premia si cumplen los objetivos o también se puede llegar a detraer parte del salario si incumplen?

- Debe haber una parte variable y una parte fija. Lo que se pretende es que una vez se establezcan los objetivos, la parte variable, más que penalizar, no se les abone. Si cumplen los objetivos, tendrán un plus sobre el salario, pero no se penaliza sobre su sueldo.

- ¿Cuáles son las dificultades para que se generalice?

- Habrá que ir implantándolo y negociarlo con los sindicatos, pero la estructura y el modelo está definido por el Gobierno. A partir de ahora hay que ir bajando en los niveles y que cada ámbito, en cada departamento, cree sus objetivos y se implante una nueva forma de trabajar.

- En la pandemia se instauró el teletrabajo y el Gobierno siempre habla del éxito que supuso este cambio, pero la sensación de los ciudadanos, durante el confinamiento y ahora, es que la administración se ha alejado.

- Tenemos pendiente de aprobación un decreto que regula el teletrabajo. Por otro lado, el empleado público que atiende al ciudadano tiene un trabajo totalmente presencial excepto en circunstancias especiales. Cuando son estructuras grandes es más difícil el control, pero estamos buscando las herramientas para que esa situación no conlleve una precariedad en el servicio. El decreto establece la planificación que deben tener los empleados públicos para hacer su trabajo. Evidentemente, deben estar en horario de oficina, y además se regulan las condiciones laborales, desde tener una silla adecuada a otra serie de requisitos.