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/ Madrid
El Gobierno canario tiene el compromiso político del ministro de Obras Públicas, José Luis Ábalos, de renegociar el convenio de carreteras vigente para incorporar los 480 millones de deuda -con intereses- que el Estado dejó de abonar a Canarias en la etapa de Rajoy y redistribuir las partidas no ejecutadas en 2018 y 2019, que ascienden a 60 millones por anualidad.
Pero para que esos recursos no se pierdan es imprescindible reestructurar el convenio actual, firmado en diciembre de 2018, y que los Gobiernos estatal y canario suscriban un documento nuevo, ajustando las anualidades y los plazos previstos.
La promesa del ministro Ábalos de actualizar el convenio de carreteras se vio frenada primero por el largo periodo de inestabilidad política en la que el Gobierno de Sánchez estuvo en funciones, y ahora, con el nuevo Ejecutivo de coalición plenamente operativo, el principal escollo es la falta de Presupuestos Generales del Estado con los que dotar la partida para las carreteras isleñas.
Canarias aspira sin embargo a que, con nuevas cuentas estatales o sin ellas, el nuevo convenio quede firmado antes de que acabe el año, y así se lo va a plantear el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, al ministro Ábalos en la reunión que ambos tienen previsto mantener a lo largo de la segunda quincena de marzo, sin fecha concreta aún a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia del coronavirus.
Arcas. El objetivo declarado del Gobierno canario, como ha señalado en varias ocasiones el presidente Ángel Víctor Torres, es que ningún euro de carreteras deje de llegar a las arcas autonómicas. Inicialmente el anterior Ejecutivo de Sánchez se negaba a reconocer la deuda pendiente en su integridad y solo asumió 500 de los casi 900 millones avalados por sentencia del Tribunal Supremo, lo que dio lugar a un serio enfrentamiento a la hora de la firma que casi da al traste con todo el convenio.
Finalmente a principios de septiembre del año pasado Ábalos se comprometió a incorporar en cuanto fuera posible la parte de la deuda que hasta entonces no reconocía -que con los intereses de demora hoy suma 480 millones- a las anualidades del acuerdo vigente, deslizándolas en el tiempo.
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