Canarias y el Estado siguen sin consensuar cómo solventar el 'error' de las regasificadoras

El Gobierno canario sigue en conversaciones con el Ministerio de Transición Ecológica para buscar una fórmula técnica viable que permita acotar legalmente el uso de las plantas regasificadoras en el archipiélago, después de que el Ejecutivo estatal aprobara su liberalización sin consultar a Canarias dentro de las medidas urgentes para frenar el alza de los precios. El decreto ley que salió aprobado del Consejo de Ministros a final de marzo se someterá a votación en el Congreso el próximo 28 de abril, pero aún no está claro cómo se va a modificar la disposición final cuarta que da vía libre a la entrada del gas en las islas.

Una de las opciones que está sobre la mesa es hacerlo a través de una enmienda si finalmente el decreto se tramitara como proyecto de ley, aunque también se baraja la opción de aprovechar otro decreto posterior sobre cualquier otra materia para clarificar el alcance de la liberalización del gas en Canarias. En cualquiera de los casos, el objetivo es que el texto final no quede abierto a interpretaciones sobre la posible implantación del gas ciudad en las islas, un sistema completamente descartado por el Gobierno canario, y especifique que el uso de las regasificadoras estará limitado suministrar gas a buques y a las centrales para la producción de energía eléctrica.

La opción de modificar el texto vía enmienda es la que menos complicación técnica presenta, pero no está decidido que el plan de respuesta a la inflación que incluye la autorización de gas en las islas se vaya a tramitar como proyecto de ley. En principio el Gobierno estatal apuesta por aprobar el decreto en su redacción actual sin modificaciones, dado que al ser un paquete de medidas urgentes de carácter temporal entiende que no tiene sentido retrasar su convalidación. Sin embargo, la petición expresa de los partidos del bloque de investidura que apoya al Gobierno y la necesidad, reconocida por el propio Ejecutivo, de hacer ajustes ante la rápida evolución de los efectos de la guerra de Ucrania sobre el precio de la energía deja la puerta abierta a su tramitación como proyecto de ley.

De momento el presidente canario, Ángel Víctor Torres, se mantiene en contacto directo con la ministra Teresa Ribera para buscar la manera más ágil de corregir el texto aprobado -vigente desde su publicación en el BOE- y aclarar cuanto antes el uso del gas en las islas. Tras la sorpresa inicial por la decisión estatal de liberalizar las plantas regasificadoras sin previo aviso y por la puerta de atrás, el Ejecutivo canario ratificó su rechazo a la incorporación del gas al sistema energético del archipiélago y se puso en comunicación con Transición Ecológica para tratar de rectificar el texto del decreto, que en su redacción actual da luz verde a la instalación de las plantas de Arinaga (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife).

Tras hablar con la ministra, Torres dio por zanjado el debate asegurando que no hay diferencia de criterio pese a las interpretaciones del texto, porque el Estado comparte la estrategia energética de las islas, por la que solo se prevé la entrada del gas como transición para el hidrógeno verde y para el autoconsumo de los principales puertos de las islas y las centrales térmicas. El presidente canario mantiene que en ningún caso se va a autorizar la comercialización del gas fuera de esos ámbitos ni su canalización a través de gaseoductos, y entiende que para garantizarlo es conveniente cambiar la redacción del decreto, ya sea mediante modificación legislativa o a través de cualquier otros mecanismo que se acuerde con el Gobierno estatal, fruto de la negociación que aún está en marcha.

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