El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ayer durante una intervención en el Parlamento de Canarias. / EFE

Canarias y el Estado firman el convenio para unas ayudas «con topes muy altos»

El Gobierno espera aprobar antes de que acabe este mes la convocatoria a la que pueden optar todas las empresas que hayan tenido una caída del 30%

B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenía previsto firmar ayer el convenio que permitirá a Canarias recibir los 1.144 millones del Estado para ayudas directas a empresas, según indicó el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. En respuesta a una pregunta en el pleno del Parlamento de la diputada de Nueva Canarias (NC), Esther González, indicó que él ya lo había firmado hace cinco días, dijo. Una vez resuelto este trámite, el Ejecutivo podrá recibir los fondos en un plazo de diez días.

Rodríguez tuvo ayer una segunda intervención para hablar de las ayudas que recibirá la comunidad autónoma, en esta ocasión en una comparecencia solicitada por el Grupo Mixto (Ciudadanos). Su portavoz, Vidina Espino, acusó al Gobierno de «marear a la gente con cifras de ayudas que nunca llegan» y le recriminó haber perdido «el control de la situación de pobreza» así como la «pachorra» en hacer llegar las prestaciones. A juicio de la diputada, el Ejecutivo es «incapaz de reaccionar» ante la situación de desempleo o pobreza que sufren las islas.

Rodríguez insistió en que la respuesta de la Unión Europea, el Estado y Canarias «no tiene antecedentes» para paliar el daño generado por la pandemia aunque solo servirá para paliarlo, porque «es mucho». En este sentido, hizo hincapié en que Canarias contará con 1.400 millones para ayudas directas (3,5 puntos del PIB), que supone una cantidad «nunca vista aquí ni en otras latitudes».

La mayor parte de este fondo son los 1.144 millones procedentes del Estado que se han conseguido, dijo, gracias a la «presión y a la persistencia» del Gobierno de Canarias después de «arduas negociaciones» con Madrid. Esta aportación es «más que nunca y más que nadie». Además, indicó que el decreto para convocar estas subvenciones estará aprobado antes de que termine este mes de mayo y, frente a los 200.000 euros como máximo fijados para todas las comunidades autónomas, Canarias establecerá unos «topes muy altos» según el tamaño de las empresas.

El vicepresidente apuntó que estas ayudas llegarán «pronto, con las reglas en la mano y sin dejar a nadie fuera». Además de esta partida, subrayó que las empresas del archipiélago cuentan con los 165 millones del Gobierno de Canarias, de los cuales 84 millones ya se están distribuyendo entre pymes y autónomos. Estos incentivos tienen «un proceso rápido, transparente, simplificado y garantista» y si se agotara esta cantidad, el Gobierno está dispuesto a ampliarlo. En cuanto a los 80 millones destinados a abonar el IBI de alojamientos turísticos, Rodríguez señaló que aún se están discutiendo con las patronales del sector. En cualquier caso, indicó que «no corre prisa» aprobar esta medida.

El consejero hizo hincapié en que frente a la respuesta de austeridad, recortes o desahucios que se dio a la crisis de 2008, se ha aprendido la lección y recurrido a «la expansión del gasto y las políticas anticíclicas», aunque «claramente insuficientes», ya que el PIB canario cayó en 2020 el 20%, «el doble que en los cinco años de la anterior crisis».

Por otro lado, y en respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Popular, María Australia Navarro, Rodríguez aseguró que los cambios fiscales previstos por el Gobierno central no tendrán impacto en Canarias. Señaló que el Estado ha hecho una propuesta «genérica» que debe obtener la aprobación del Parlamento y recordó que quien más ha subido los impuestos en España ha sido el PP. En su opinión, la política fiscal debe contar con recursos suficientes «para sostener los servicios públicos», ser progresiva «para que paguen más quienes más tienen» y perseguir el fraude «para que todos paguen». Además, afirmó que las carreteras «son nuestras y nunca ha habido ni habrá peaje».

Navarro señaló que para la izquierda, hablar de modernización fiscal «es hablar de atraco fiscal». A su juicio, los impuestos «nos van a afectar a todos y nos espera un infierno tributario que va a frenar la recuperación». Si es así, instó a Rodríguez a «plantarse y reaccionar» para defender los intereses de los canarios.