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El Gobierno canario quiere que el Estado asuma la financiación de las carreteras del actual convenio que no se ejecuten. C7
Canarias y el Estado buscan dar un empujón a la agenda isleña pendiente antes del verano

Canarias y el Estado buscan dar un empujón a la agenda isleña pendiente antes del verano

El Gobierno regional incrementa los contactos con Madrid para cerrar flecos antes de que la cercanía al año electoral complique los acuerdos

Lunes, 6 de junio 2022, 07:21

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El desarrollo de la agenda canaria en el Estado se está encontrado con más obstáculos de los que se presuponían a principio de la legislatura entre dos gobiernos del mismo color político. Descontada la situación de emergencia que supuso la pandemia, los asuntos canarios pendientes en Madrid están estancados o avanzan a trompicones -inmigración irregular, traspaso de las competencias de costas, convenio de carreteras-, cuando no surgen nuevos motivos de controversia por los «olvidos» del REF o a raíz del giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental y el papel que juega Canarias en la nueva etapa de relaciones bilaterales con Marruecos.

A un mes de que culmine el actual periodo ordinario de sesiones en las Cortes y en año preelectoral, Canarias y el Estado buscan dar un empujón a los asuntos que están sobre la mesa para dejarlos al menos enfilados antes del verano y que en otoño no se enquisten, porque la legislatura va muy rápido y después todo será ya precampaña, primero para las autonómicas de 2023 y después para las elecciones generales.

NEGOCIACIÓN ABIERTA

  • Competencias Canarias negocia con el Estado compensaciones a la falta de personal para poder asumir la gestión de costas a partir del 1 de julio.

  • Mediana Habrá presencia canaria en la delegación española que este mes se va a sentar con Marruecos para definir los espacios marítimos atlánticos.

  • Carreteras El Ejecutivo regional quiere que el Estado asuma el compromiso de financiar las obras previstas que no se puedan ejecutar durante la vigencia del actual convenio, que culmina en 2027.

A falta de cerrar el número de trabajadores que se van a transferir a la comunidad autónoma junto con las competencias, el traspaso de la gestión de costas lleva varios retrasos consecutivos desde que se iniciaron las negociaciones, hace más de un año. El Gobierno canario aspira a no obtener menos de lo que se le dio en su día a Cataluña, pero asume que con la actual plantilla el Estado no puede traspasar todos los trabajadores necesarios y negocia posibles compensaciones que le permitan gestionar adecuadamente el litoral. El objetivo es convocar la Comisión Mixta de Transferencias a lo largo de junio, para que el traspaso se haga efectivo a partir del 1 de julio, aunque no se descarta un nuevo aplazamiento si no se dan las condiciones para la firma.

Es también durante el mes de junio cuando está previsto que se reúna el grupo de trabajo hispano-marroquí para la definición de los espacios marítimos de la fachada atlántica. Al contrario que en el grupo de migraciones que se reunió en mayo en Rabat, en este caso sí va a haber presencia canaria dentro de la delegación española que negociará la delimitación de la mediana entre las islas y la costa marroquí. Tras la aprobación en 2020 de dos leyes en su Parlamento con las que modificó las bases para fijar la mediana, Marruecos ha abandonado el criterio de la equidistancia y defiende que la línea se defina bajo un criterio equitativo, para el que se tienen en cuenta otros factores como la cantidad de costa de cada uno de los estados enfrentados. En el trasfondo, la ampliación de la plataforma continental aprobada unilateralmente por Marruecos a partir del Sáhara Occidental, sobre el que no tiene soberanía.

El convenio de carreteras suscrito en 2018 vuelve asimismo a estar sobre la mesa por la necesidad de aumentar la financiación inicial para afrontar las obras previstas. Después de haber conseguido que el Gobierno estatal abone los 407 millones que seguían pendientes de la deuda de carreteras avalada por el Tribunal Supremo, se ha abierto otro punto de fricción a raíz de la cláusula que obliga que sea la comunidad autónoma la que asuma el coste de las obras no se ejecuten durante la vigencia del convenio, que culmina en 2027, lo que obligaría a Canarias a destinar unos 4.000 millones a los 51 proyectos que se van a quedar fuera. El Ejecutivo regional busca arrancar al Estado el compromiso firme de que asumirá esas obras en un nuevo convenio, de momento solo apuntado por el Ministerio de Transportes.

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