Canarias completará la plantilla de Costas para cerrar el traspaso

Para cerrar el acuerdo de transferencias en materia de Costas, Canarias ha accedido finalmente a completar la plantilla necesaria para gestionar estas competencias.

Este era uno de los asuntos que había impedido hasta ahora cerrar este traspaso , ya que la comunidad autónoma se resistía a firmar sin la dotación adecuada de medios humanos y materiales.

Ahora, el Gobierno «confía», tal como aseguró ayer el presidente, Ángel Víctor Torres, en concluir este proceso en la Comisión Bilateral Canarias-Estado que se celebra el próximo 27 de julio y dar cumplimiento así al Estatuto de Autonomía de 2018.

Según destacó el jefe del Ejecutivo, se trata de una transmisión de competencias «compleja» y, de hecho, detalló que «hay comunidades que la tienen aprobada desde 2007, pero aún no se han transferido».

Explicó que se trata de un proceso administrativo complejo de material, recursos humanos y transmisión de expedientes, pero «prevemos firmarla ese día y con la relación de puestos de trabajo ya cambiada». El objetivo es comenzar a ejercer las competencias desde enero de 2023.

Aunque una de las posibilidades que estudiaba el Gobierno era poder negociar con el Estado una fecha alternativa y no esperar seis meses más, no ha sido posible y se harán efectivas a principios del próximo año.

El objetivo del Ejecutivo autonómico ha sido durante todo este tiempo recibir unas competencias «bien dotadas» y por este motivo se ha justificado el retraso en el traspaso.

Hasta ahora, el gran obstáculo es que la plantilla de Costas en el archipiélago era muy exigua y el personal que sería transferido es «absolutamente insuficiente para la materia que debe gestionar».

La previsión del Ministerio de Transición Ecológica, según ha señalado el Gobierno de Canarias, es trasladar un 30% de las competencias y por tanto, un 30% de su personal.

El problema es que este área solo dispone de 73 trabajadores, es decir que serían transferidos a la comunidad autónoma en torno a 21 personas, lo que se califica de «absolutamente insuficiente». Las carencias, asegura el Gobierno, son especialmente graves en los puestos técnicos.

La solución que ha encontrado el Ejecutivo regional para no seguir dilatando el proceso de transferencias es «completar la plantilla con recursos propios».

Apuntan estas fuentes oficiales que «finalmente, el Estado nos traspasará lo que corresponde atendiendo a las transferencias que se van a realizar», es decir, ese 30% y será la comunidad autónoma la que tenga que pagar de su bolsillo el resto del personal necesario para las funciones que tenga que acometer.

Esta ya fue una demanda que realizaron las organizaciones empresariales para no seguir retrasando la transferencia.

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