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El Gobierno de Canarias asumirá este año un sobrecoste de 14 millones de euros para atender a los casi 2.900 menores inmigrantes que tiene tutelados en los 33 dispositivos de acogida que tiene operativos y repartidos por todo el archipiélago.
En concreto, el Estado a través del convenio que tiene suscrito con la comunidad autónoma de Canarias a través del Ministerio de Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, abona a las islas 50 millones de euros. A estos hay que sumar otros seis que llegan vía el Ministerio de Derechos Sociales. En total se trata de 56 millones de euros cuando el gasto total al que hará frente la comunidad autónoma este año es de 70 millones de euros.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, solicitará en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia, que se celebrará en los próximos días, un aumento de la financiación que recibe el archipiélago para atender a estos menores. Para el próximo año, ya hay redactado un borrador del nuevo convenio y la cantidad se mantiene en esos 50 millones que el Gobierno de Canarias aspira a incrementar.
Como apunta Delgado, para atender bien a estos chicos se necesitan medios, ya que no solo se trata de darles un lugar en el que vivir. Por ejemplo, los menores inmigrantes en edad escolar son integrados en colegios próximos a sus centros de acogida. Para ello es necesario que lleguen las pruebas de edad que a veces se retrasan durante meses. En este tiempo, en el que llega la documentación, el Gobierno de Canarias realiza cursos formativos en los centros. Los chicos que son más mayores son apuntados en ciclos de formación e incluso, como señala Delgado, hay quien se ha interesado por ir a la universidad.
«Nuestro objetivo como gobierno es que todos los menores en nuestros centros salga con su documentación en regla y una formación para trabajar y ser independiente», manifesta Delgado, que recalca que muchos de ellos llegan con formación y varios idiomas.
Actualmente, como se ha señalado, el Gobierno de Canarias cuenta con 33 centros y tiene otros más «listos y en la recámara», hasta un total de 47, por si fuera necesario activarlos si continuara la llegada de menores. A corto plazo se prevé la apertura de cuatro. Inicialmente, en 2019 y antes de que se produjera el repunte migratorio, las plazas concertadas entre el Gobierno de Canarias y los cabildos era de 500. Hoy son casi 2.900 los menores atendidos en las islas. Desde el Gobierno ya se trabaja en un pliego para sacar a concurso un mayor número de plazas sujetas a los cabildos insulares, que tienen transferida la competencia de atención a los menores.
Delgado explica que los centros son «flexibles» en el sentido de que permiten cierto aumento de capacidad pero siempre garantizando el bienestar de los jóvenes. «Se trata de que si en un determinado momento llegan muchas pateras a la vez se les pueda acoger de forma provisional en los centros ya abiertos», señala Delgado, que apunta que los dispositivos varían y oscilan entre las 30 y las 60 plazas.
En lo que llevamos de año sólo se han trasladado a otras comunidades autónomas a 370 menores, lo que pone en evidencia la escasa participación del resto del Estado de un fenómeno que está asumiendo en su práctica totalidad Canarias. Es por ello que desde Canarias se solicitan los 20 millones de euros previstos para las comunidades quereciban menores inmigrantes. Además, se va a exigir que por por ley las regiones tengan que asumir a menores inmigrantes.
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