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Canarias asegura que ha «sentado las bases» y exige el mismo trato que Ceuta

Derechos Sociales apuesta por institucionalizar los criterios que se acuerden el próximo martes en el reparto de menores

Ingrid Ortiz Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 22 de mayo 2021, 02:00

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La derivación de 200 niños y niñas desde Ceuta al resto de regiones ha obligado a una rápida orquestación entre las comunidades autónomas que no se había producido hasta ahora. Ante esta situación, Canarias —que se ha quedado fuera de este reparto por la presión que ya existe sobre el territorio— ha elevado sus críticas por agravio comparativo. «Mostramos todo nuestro apoyo y solidaridad— apunta la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez—. Lo que pedimos es que las mismas medidas excepcionales que se han tomado en Ceuta se adopten en el archipiélago. No hemos tenido esa avalancha en un día pero sí una situación enquistada desde hace meses».

Las islas acogen actualmente a alrededor de 2.700 menores, y a pesar de que hay acuerdos para derivar a 200, solo 101 han sido trasladados. La similitud en número no es casual, como tampoco la respuesta positiva de las comunidades autónomas, según Martínez. «No partimos de cero. Llevamos meses sentando unas bases de concienciación y trabajando en los criterios de reparto. Lo que ha hecho esta crisis diplomática es acelerar los procesos».

En este sentido, reconocen el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, pero no el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Señalan la falta de respuesta a sus cartas de parte de la Delegación, la aprobación del pago de 30 millones de euros a Marruecos mientras las comunidades esperan una partida presupuestaria «creíble» para la gestión de los menores extranjeros no acompañados, y también la ausencia de una UE a la que «ni se le ve, ni se le espera ni se sabe a qué está esperando».

El próximo martes está prevista una nueva reunión en la que se votará si se acepta el baremo propuesto, que atiende a razones de población, renta per cápita y la tasa de paro, entre otros. «Lo que pretendemos es que ya que se va a poner en papel se institucionalice y esos criterios se conviertan en un protocolo de reparto equitativo, solidario y estable». Un objetivo que contribuirá a aliviar la presión del archipiélago a corto plazo, ya que pasaría a ser una comunidad emisora.

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