La Cámara pide medidas para ayudar a pedir el ingreso vital

La iniciativa ha sido presentada por el grupo nacionalista, cuya diputada Cristina Valido recordó que los usuarios de los servicios sociales no tienen representantes sindicales ni asociaciones que reclamen trabajadores para que les atiendan. Valido añadió que se trata de una población vulnerable que no tiene acceso a las nuevas tecnologías y, cuando lo tiene, carece de conocimiento para tramitar un expediente y aceptó dos enmiendas presentadas por el PP y Sí Podemos.

En la propuesta también se pide que el Gobierno de Canarias, en coherencia con la relevancia dada a los servicios sociales municipales recogida en el plan de reactivación social y económica, continúe mejorando la financiación adecuada para la dotación de personal que demandan los municipios desbordados de solicitudes de ayuda al ciudadano.

Además, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a que, ante la actual situación excepcional, se incorporen efectivos de urgencia como se ha hecho en sanidad y educación, y que se agilicen los trámites para las contrataciones directas desde los ayuntamientos.

Por otro lado, los colegios de Trabajo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han pedido a las instituciones canarias que destinen sus remanentes al refuerzo de las plantillas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, «recortadas por las políticas de austeridad». Consideran que la eliminación del techo de gasto es una oportunidad para mejorar el sistema público de servicios sociales de Canarias

«Se ha demostrado que las políticas de austeridad impuestas por Europa y por el Estado durante la última crisis financiera tuvo consecuencias muy graves en los sectores más vulnerables de la población. El recorte de los presupuestos públicos en Servicios Sociales, Educación y Sanidad provocó más pobreza, más desigualdad y un aumento de la población en situación de exclusión social», aseveran las organizaciones colegiales en una nota.

Apuntan que en Canarias «las consecuencias fueron más graves todavía, ya que la región ya tenía unos servicios sociales con falta de personal» en todas las administraciones. Por eso, desde los Colegios de Trabajo Social consideran que la única forma de reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social es «aplicando políticas anticíclicas». A su juicio, «mantener el techo de gasto significaba que los cientos de millones que los ayuntamientos tienen en los bancos no los pudieran usar para políticas sociales, algo que solo beneficiaba a las entidades financieras».

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