Bruselas advierte que no es posible restringir la compra de vivienda a ciudadanos no residentes
El Tratado de la UE ampara el movimiento de capitales relacionado con la adquisición de inmuebles salvo por razones excepcionales
Limitar la adquisición de casas a los ciudadanos que no tienen su residencia en las islas es una de las propuestas que se ha puesto sobre la mesa para hacer frente al reto demográfico y al problema de la vivienda en Canarias, pero Bruselas adelanta que la medida no pasa el filtro de la legislación comunitaria.
La comisaria europea de Servicios Financieros, Estabilidad y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, recuerda que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohibe las restriccionesalos movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas, por parte de nacionales de la UE no residentes.
Las únicas excepciones a esta norma son que las restricciones estén justificadas por motivos de orden público o seguridad, o por razones imperiosas de interés general reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «siempre que no sean discriminatorias y sean proporcionadas al objetivo perseguido», señala la comisaria europea. La advertencia de McGuinness da respuesta a la pregunta de la eurodiputada Rosa Estaràs sobre la posibilidad de que los Estados miembros limiten la compra de vivienda a los no residentes.
Aunque el Tratado de la Unión ampara el derecho de los ciudadanos a adquirir propiedades, como una casa de vacaciones o una segunda vivienda, la parlamentaria del Partido Popular Europeo (PPE) añade en su iniciativa que si bien la libre circulación de capitales se aplica a todos los Estados miembros, en el momento de la adhesión de los nuevos países se negociaron ciertos periodos transitorios y excepciones relacionadas con la compra de propiedades y tierras agrícolas y forestales. Estas excepciones se establecen en una serie de protocolos del TFUE y en las actas de adhesión de los países de la Unión.
La limitación de la compra de vivienda a ciudadanos no residentes es uno de los aspectos que se abordó en la comisión sobre reto demográfico y equilibrio poblacional del Parlamento de Canarias, aunque su debate en profundidad se dejó pendiente para la próxima legislatura porque la Cámara entiende que precisa de expertos en legislación básica estatal y europea y la cercanía de las elecciones autonómicas impide dedicarle ahora el tiempo necesario.
Pese a la prohibición que recuerda en su respuesta la comisaria europea McGuinness, algunas formaciones políticas como Podemos entienden que las propias excepciones establecidas a la norma, como las razones imperiosas de interés general, junto a la condición de región ultraperiférica (RUP) de Canarias, abren una posible vía para lograr la autorización de la Unión Europea a la restricción de la venta de vivienda a no residentes., que durante el año 2022 protagonizaron un 29% de la compra de casas en el archipiélago.
La formación morada considera que se trata de una medida prioritaria para controlar el equilibrio poblacional y paliar el problema de la vivienda, hasta el punto de que ha adelantado que pondrá como condición su inclusión en el programa de gobierno como condición para reeditar el actual pacto cuatripartito si dan los números tras la cita con las urnas del 28 de mayo.
La restricción a la compra de vivienda a ciudadanos comunitarios no residentes es sin embargo una realidad en algunos territorios de países comunitarios como Finlandia, Dinamarca, Malta y Croacia, si bien en todos los casos vigentes estos países ya entraron en la Unión Europea con esa condición previa.
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