El adelanto electoral trastoca otra vez la agenda de Canarias en Madrid

Si el proceso electoral del 28M ya congeló los asuntos canarios en Madrid a la espera del resultado de las urnas y del arranque de la nueva legislatura autonómica, el sorpresivo adelanto de las elecciones generales al 23 de julio, seis meses antes de lo previsto, viene a trastocar de nuevo el calendario de la agenda canaria y de las negociaciones abiertas con el Estado.

La primera consecuencia de la disolución anticipada de las Cortes es que las casi 60 iniciativas que estaban pendientes de trámite decaen y quedan sin efecto, entre ellas la proposición de ley remitida por el Parlamento de Canarias para modificar la regulación del comercio triangular o trading -las operaciones que llevan la mercancía de un lugar a otro sin parar por territorio de la comunidad autónoma-, que fue admitida a trámite en el Congreso a principios de febrero y estuvo cuatro meses paralizada mediante ampliaciones sistemáticas del plazo para la presentación de enmiendas al articulado.

Al decaer la iniciativa se cierra la posibilidad de incorporar al REF los ajustes del comercio triangular que proponía el Parlamento canario -y que el Ministerio de Hacienda no acababa de ver con buenos ojos- respecto a la retroactividad del incentivo fiscal de la ZEC y el porcentaje de inversión que están obligadas a realizar las empresas.

Otro de los proyectos que decae pese a lo avanzado de su trámite es la ley de movilidad sostenible, en la que CC pretendía incorporar una disposición adicional para blindar la bonificación del 75% del transporte de residentes frente a la sugerencia que la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) hizo al Gobierno de cambiar el actuar modelo por un sistema alternativo más eficaz y menos gravoso para las arcas estatales.

Tampoco se ha concretado la puesta al día de la compensación al transporte de mercancías -sin actualizar desde 2019 pese a que los fletes se han encarecido desde entonces entre un 300% y un 500%-, pactada con CC por el Gobierno de Sánchez a cambio del apoyo nacionalista a los Presupuestos del Estado de 2023. La comisión mixta creada para evaluar el sistema decidió postergar el ajuste de los costes hasta después del 28M -en su última reunión acordó la creación de un grupo técnico para «adaptar las subvenciones a la realidad actual»-, pero con la nueva convocatoria electoral es previsible que actualización se retrase aún unos meses más.

Pendiente queda también la puesta en marcha de la ruta aérea de Obligación de Servicio Público (OSP) entre Lanzarote y Madrid, la experiencia piloto con la que el Ministerio de Transportes y el Gobierno canario quieren comprobar la viabilidad de fijar un precio máximo para evitar la subida injustificada de las tarifas. Estaba previsto que se pusiera en marcha a lo largo del mes de junio, al objeto de comprobar el funcionamiento del mercado en las fechas veraniegas de mayor demanda, pero con el calendario actual parece poco probable que se cumplan los plazos previstos.

Otro asunto congelado hasta que pasen las elecciones generales de 23J, que en este caso resulta favorable a la posición que defiende Canarias, es la privatización de las torres de control de los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur, que el Ministerio de Transportes se había propuesto liberalizar y contra lo que el Gobierno presidido por Torres presentó alegaciones para intentar parar el proceso.