Es posible una mayoría parlamentaria progresista

Con los números actuales, podría producirse un gobierno del PP apoyado por unos 180 escaños. Con un Vox muy cercano en número de diputados a los populares y, por tanto, muy determinante en el programa de gobierno; e incluso que pudiera reclamar su cuota presencial en el Consejo de Ministros. Con un Ejecutivo estatal que, en la sesión de investidura del candidato, no necesitaría para alcanzar la mayoría absoluta, 176 escaños, los votos de los regionalistas CC y UPN, aunque estos, si obtienen representación, es muy probable que se sumaran sin mayores problemas.

Pero esta no es, ni mucho menos, la única posibilidad, el destino al que nos encontramos irremisiblemente condenados. Sobre todo, por las tendencias que vemos en los últimos meses. No hay que descartar que pueda establecerse una mayoría parlamentaria progresista. A ello contribuirían algunos factores que se vienen produciendo en el periodo reciente: la progresiva recuperación del PSOE tras un bache profundo por la explosión de distintos casos judiciales, el progresivo deterioro de los de Alberto Núñez Feijóo al que debilita el significativo traspaso de votos a una ascendente Vox y, asimismo, el buen momento de los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. Un espacio nacionalista en el que peor lo tiene es su opción más conservadora, Junts, por la irrupción del soberanismo ultraderechista de Alianza Catalana.

En todo caso, no es suficiente con esas tendencias que vienen confirmando las distintas encuestas. Resulta imprescindible, además, la recuperación de un espacio a la izquierda del PSOE que garantice 25-30 escaños, lo que parece un objetivo imposible de alcanzar si concurren a esos comicios generales, aún sin fecha, con dos fórmulas electorales competidoras y que se lastrarían mutuamente. Todos los esfuerzos que se hagan para superar la actual situación merecen la pena. No debería suponer una rendición de ninguna de las partes, sino una muestra de responsabilidad, sensatez y altura de miras.

La gravedad de las circunstancias, en medio de un fuerte ascenso de las extremas derechas en todo el mundo, debiera invitar al conjunto de las izquierdas, sean estatalistas o de obediencia territorial, a una serena reflexión. Y a actuar de forma consecuente. Aparcando viejas o no tan viejas cuentas pendientes. Priorizando la defensa de la democracia y los derechos de la gente a sus diferencias políticas, así como a las pugnas de carácter personal, que también las hay.

Y, sobre todo, les debe obligar a tomar decisiones que contribuyan a frenar una deriva autoritaria con graves consecuencias para las libertades, para los derechos cívicos y para el propio estado democrático y social que, con mayores y menores desarrollos, hemos venido consolidando tras el final de la dictadura franquista. Y que nos ha permitido acercarnos a los que ya tenían los estados democráticos europeos e incluso siendo vanguardia destacada en algunos de los temas.

Con hitos como el desarrollo autonómico alcanzado tras décadas de feroz centralismo, la universalización de la sanidad que supuso la ley general de 1986, la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la consolidación de un sistema público de pensiones, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), toda la legislación dirigida a la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos o la que afecta a los derechos LGTBI.

Por eso, considero que, en esta encrucijada histórica, las formaciones que se reclaman parte del campo progresista deben centrar sus esfuerzos en la protección firme de las libertades y de los derechos sociales y cívicos, del autogobierno y de los servicios públicos. En la defensa de un mundo multipolar, la legalidad internacional y la paz, frente al discurso y las practicas belicistas, así como el intento de incrementar exponencialmente los gastos militares en detrimento de las políticas sociales.

La ofensiva ultraconservadora dirige sus actuaciones contra el conjunto de los programas sociales y de las intervenciones estatales y autonómicas que buscan alcanzar una sociedad más equilibrada, con mayor equidad, con menores niveles de pobreza y más y mejor integración, tanto de los autóctonos como de las personas migrantes. Y esto afecta al futuro de las prestaciones a los desempleados, a las ayudas energéticas o al transporte; así como a las pensiones de jubilación públicas. Todo eso se encuentra ahora mismo en profundo riesgo si ese espacio ultra accede al gobierno o influye decididamente en sus políticas. Su objetivo es minimizar el Estado, salvo para sus negocios, como es el caso de los armamentísticos.

Sucede igual con los derechos tan duramente conquistados por las mujeres. Situando la extrema derecha en la diana a los avances feministas. Potenciando el negacionismo sobre la violencia de género y sus graves consecuencias para la libertad y la vida de las mujeres. Con discursos que cuestionan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Con planteamientos antiabortistas no solo de Vox, sino de una parte significativa de dirigentes del PP que cada vez se mimetizan, en este y otros asuntos, con los postulados de las extremas derechas.

Y, por supuesto, la ultraderecha también pretende hacer tambalear los derechos que ha ido logrando la comunidad LGTBI en las últimas décadas, con cambios legislativos muy relevantes en los que el Estado español se ha situado a la vanguardia mundial.

Por eso, al margen de la imprescindible unidad de las izquierdas y del entendimiento y colaboración entre el conjunto de los demócratas, resulta no menos imprescindible desarrollar una importante movilización social. De los trabajadores y de sus representantes sindicales, de los pensionistas, de los colectivos feministas, de las asociaciones LGTBIQ+, de los grupos ecologistas, de los empleados públicos, de las personas comprometidas con la educación y la sanidad, de los que defienden la libertad de expresión… Para frenar los intentos de retroceso social, en derechos y libertades; y continuar trabajando por un mundo con mayor equidad, mejor reparto de la riqueza, más solidario, más democrático y más libre. Convencidos de que es posible frenar la avalancha reaccionaria con una mayoría parlamentaria progresista en las próximas elecciones generales.