La arista

La verdad y la utilidad de un pacto ahora

La «buena voluntad» preside la negociación del pacto de gobierno entre PP y CC. Les confieso que no sé si con esa premisa voluntaria se construye un Gobierno para un año de gestión y otro de enfrentamiento después de que se abra la campaña electoral, cada vez más largas en el tiempo e intensas en los contenidos. Tampoco estoy muy seguro de que tanto nivel de entendimiento, al menos el que trasmiten las partes, sea del todo real o que, como sospechan algunos, sólo sea un baile de máscaras con distintos objetivos, estar en el alero permanente, disfrazar un pacto previo ya establecido, o interpretar un viaje de placer que termina por descarrilar. Con tal nivel de sospecha interesada en la clase política, -cada actor interpreta la foto como mejor conviene a sus intereses-, la única verdad que se abre camino es la oficial y ésta versa sobre un acuerdo que está por hacer, pero que avanza con paso firme. Y lo hace con cierta desgana porque la realidad es que a CC no le interesa que el PP entre en el Gobierno y el PP tiene muchas dudas sobre la efectividad de hacerlo y quemar una oportunidad de mandar en Canarias desde el Parlamento.

Pero más allá de la verdad política, un valor bastante denostado en nuestro tiempo en el que todos mienten mucho y entronizan el embuste como cuerpo básico de la comunicación -en algunos casos sin que ni siquiera la mentira sea necesaria para justificar sus posiciones- me preocupa una cuestión mucho más mundana y pragmática, es decir la capacidad real de que el pacto que se discute pueda cambiar algo en Canarias en dos años, que en realidad es uno y muy apurado de gestión real. Hay que contar con uno o dos meses de negociaciones, un mes de Boletín Oficial, desalojos y nombramientos, si no hay un reajuste de áreas en el Gobierno para no echar a nadie, tomas de posesiones, discursos y formación de equipos. Cuando el Ejecutivo esté a velocidad media, en plena faena de ejecución de acuerdos y gastando dinero, el tiempo abrirá la campaña electoral y con ellas, como señala el relato histórico de los pactos entre CC y PP, el conflicto permanente, primero en el interior del Gobierno, después en la prensa y por último en el Parlamento.

Al margen de tomar coches oficiales y declarar nóminas ¿Habrá hecho algo este Gobierno en ese tiempo? ¿Y si lo hace, que algunas cosas pueden salir, dará frutos como para venderlos maduros? Tengo mis dudas si analizamos lo que, por ahora, conocemos del pacto, que son objetivos generales cuyas concreciones debería derivar en leyes que marquen el rumbo de las áreas que implica. Siendo realistas, prácticos y con la verdad por delante, hay muchas cuestiones de calado que plantea el pacto que no son ejecutables en el tiempo que queda de legislatura y, en algunos casos requieren mayores consensos, un esfuerzo que esta administración no está dispuesta a hacer porque en política se vive para cada cuatro años y para mejorar las posiciones ante los ciudadanos, lo que obliga a disfrazar la realidad. Esta administración, si nace de este pacto, vivirá para un año y medio.

«Los acuerdos, al menos los que se acordaron el viernes, llevan camino de ser papel mojado»

¿Creen realmente el PP y CC que un acuerdo por la educación se sustancia desde el Ejecutivo y en un año? Si realmente lo creen son tontos, y si es simple adorno propagandístico del pacto da la impresión de que pretenden engañarnos. Cualquier acuerdo por la educación requiere mucho tiempo para pergeñarlo y ejecutarlo, y en el caso de Canarias el camino quedó marcado con la primera y única Ley de Educación que ha aprobado el Parlamento en la pasada legislatura. ¿Creen realmente PP y CC que una reforma de la administración se hace en el tiempo que pueda funcionar el pacto? Quién conoce la administración sabe que no, y que es necesario mucho tiempo, tacto y leyes para mover determinados procedimientos y agilizar la administración, un pesado mastodonte que necesita palancas bien apoyadas y estímulos para hacerlo caminar.

Exactamente lo mismo hay que decir de una profunda reforma sociosanitaria, uno de los puntos más débiles de la administración Clavijo, heredada de Paulino Rivero que atascó, entre otras cosas, el desarrollo de la Ley de Dependencia. Este es un asunto delicado. Y lo es porque con la gestión social se retrata un gobierno ante los ciudadanos, especialmente ante los más débiles, los que necesitan de los recursos de todos por derecho propio, porque hay un pacto suscrito por el que todos pagamos impuestos para que el Estado nos devuelva buenos servicios cuando nuestro tiempo se agota, cuando estamos enfermos o cuando estamos abandonados y solos. Y si quien incumple el pacto es el que debe velar por el y ejecutarlo, la vergüenza y el escarnio debe ser mayor. Canarias tiene en este asunto un agujero inmenso que debe ser reparado, porque hay que cumplir con la Ley y por razones de solidaridad social con los más débiles. La cuestión es la misma, y creo que dos socios de un gobierno de un año podrán tener voluntad, muy buena voluntad, pero no capacidad para embridar la mala gestión de los servicios sociales de la comunidad, pendientes de una Ley que me imagino sufrirá retoques para poder ser aprobada para después desarrollarla y ejecutarla, además de la voluntad de poner dinero para estos asuntos, una cuestión que presupongo.

Más allá de las palabras, los documentos, las fotos y la buena voluntad está la realidad y ésta no es justa con la verdad. Los acuerdos, al menos los que se acordaron el viernes, llevan camino de ser papel mojado. Simplemente no tienen tiempo para diseñar y ejecutar lo que dicen que han pactado. Por el contrario los desacuerdos, por el momento dos, ley electoral canaria y bajada de impuestos, si son ejecutables, se pueden hacer de forma inmediata, pero una de las partes no quiere. Bajar el IGIC y el tramo canario del IRPF solo requiere una orden ejecutiva y aliviaría las precarias economías de los ciudadanos, sobre todo de los que hemos pagado y seguimos pagando la crisis y como dice el PP podría acelerar el consumo. De la misma manera la reforma electoral está en el punto adecuado para alcanzar un acuerdo y plasmarlo en una Ley o en la reforma del Estatuto, pero tampoco hay acuerdo para ello, aunque en este caso la decisión adoptada, dejarlo fuera del pacto para debatirlo en el Parlamento, es lo mejor que han podido hacer, si realmente dejan libres las manos al PP para hacer lo que ha prometido, una reforma significativa, de calado, que, de verdad, cambie las reglas del juego y no un paripé que deje las cosas como están.