Editorial

La realidad del desequilibrio

24/02/2018

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presentó esta semana un informe muy documentado sobre desequilibrios en el trato del Gobierno de Canarias a las islas, un estudio que se remonta al año 2001 y que se añade a la agenda de trabajo de la comisión especial de la institución grancanaria sobre esa desigualdad en el trato autonómico. Las reacciones no se hicieron esperar, con el Ejecutivo de Fernando Clavijo trabajando a destajo para desmontar lo expuesto por Morales; el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, recurriendo al tono faltón que por desgracia se está convirtiendo en norma de aquella casa y, en paralelo, con lo que Morales define como «acorazada mediática» buscando bajo las piedras cualquier cosa con la que laminar la credibilidad del presidente de la corporación grancanaria.

No es la primera vez que Antonio Morales se pregunta en voz alta por qué la unanimidad que se produce en otras islas cuando toca defender lo suyo, escasea en el caso de Gran Canaria. La misma pregunta se hizo también su predecesor en el cargo, José Miguel Bravo de Laguna, que comprobó igualmente el peso de esa soledad. En todo caso, cada uno es libre de posicionarse donde prefiera pero es evidente que los datos aportados por el grupo de gobierno grancanario son incontestables. Como también lo es que si el Gobierno de Canarias quiere confrontar ese diagnóstico con otro que sea creíble, debería levantar el secreto casi sumarial que pesa sobre un dato que no debería estar bajo siete llaves: la distribución insular de los ingresos fiscales.

Atribuir a Antonio Morales un discurso insularista es despreciar su trayectoria. Pero más inaceptable es que esos reproches vengan precisamente de aquellos que militan en un partido que inventó el insularismo y que lo elevó a los altares de la gestión pública. Más aún: todavía está fresco en la memoria el bochornoso espectáculo vivido en esta legislatura en el Parlamento de Canarias, cuando cinco presidentes de cabildo cuestionaron ante la propia presidenta de la Cámara, Carolina Darias, la legitimidad del Parlamento para la defensa del interés general, un principio que debía -según ellos- condicionarse siempre al parecer de los gobiernos insulares. Los escribanos de ese triste episodio son los que ahora se rasgan las vestiduras porque una isla ponga cifras y letras al desequilibrio, que deja de ser así una sensación para convertirse en una realidad incontestable.