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En un mes, dos resoluciones judiciales han torpedeado la línea de flotación a una institución de la limpieza y pulcritud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dos condenas penales que han llenado páginas de periódicos sonrojando a la que ha sido y es la que imparte conocimientos a la sociedad canaria.

Por una parte, el profesor que abusó sexualmente de una menor desde que tenía de cinco añitos hasta que cumplió los diez. Un auténtico depredador y no porque así lo piense yo, sino porque que ha sido condenado en dos ocasiones por asuntos sexuales relacionados con menores de edad. Primero, José Manuel Quintana Santana se aprovechó de una inocente de manera reiterada durante cinco años y después, porque sin quedarse satisfecho, fue pillado con las manos en la masa descargándose películas de sexo con niños como protagonistas. Asqueroso.

Y luego está el otro caso que, aunque sin la misma consideración penal y social, no deja de ser alarmante. El decano de la Facultad de Economía de la ULPGC que ha sido condenado después de haber confesado que propició un trapicheo en toda regla para conseguir los papeles de su pareja sentimental extranjera. Vergonzoso.

Es cierto que, en ambos casos, si la sentencia no recoge una inhabilitación para ejercer como docente, puede seguir dando clases, pero a mí, honestamente, como grancanario, me da lástima e indigna que dos delincuentes confesos den clases y representen a mi ULPGC.

Se trata de dos situaciones insostenibles, que se caen por su propio peso y en las que el rector, Rafael Robaina, tiene que actuar con firmeza y contundencia. No vale la excusa de que tienen que acogerse a lo que dice la sentencia. No puede ser que estos dos condenados sigan como si nada campando a sus anchas por el campus.

Ya la Escuela de Ingenierías ha intentado actuar en el caso del pedófilo, pero me cuentan que en el del decano, ha sido incluso propuesto para un puesto de más alcurnia dentro de la institución.

Esto no se puede consentir. Tienen todo un verano por delante para tomar decisiones antes de que empiece un nuevo curso con dos condenados enfrentándose a alumnos que conocen de sus escaramuzas delictivas extraprofesionales.

La ley ya ha actuado con dos condenas, ahora tiene que ser el equipo de gobierno de la ULPGC el que demuestre “tolerancia cero” con delincuentes, sea cual sea su condena.

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