Esta política nuestra de andar por casa...

No es preciso, por tanto, presentar el 'Certificado de buena conducta moral [católica] y política', requisito exigido por la «democracia orgánica» franquista en la cual, además, solo se podía pretender el salto a la política a través de los órganos 'naturales' de la sociedad (familia, municipio y sindicato vertical)... siempre, claro, que el candidato fuera 'de los nuestros'.

En tales tiempos la modalidad 'referéndum' (englobada en el 'sufragio universal') fue la única que llamó a las urnas, pues se trataba solo de aparentes consultas, no de elecciones democráticas. Así, las dos convocatorias «al pueblo soberano» versaban sobre la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, 1947 (recuperación de la monarquía borbónica) y la Ley Orgánica del Estado, 1966. Con una participación de casi el 90% ambas fueron aprobadas por el 93 y 96%, respectivamente, de los españoles (datos oficiales no contrastados, por supuesto).

Entonces, ¿para qué necesitaba España -se planteó la Dictadura- corrompidas y protestantes democracias judeo-masónicas si el patriótico pueblo y el visto bueno de los puritanos se identificaban con el régimen «Nacional sindicalista, autoritario, unitario, ético, misional e imperialista»? (¿Sabe usted, estimado lector, aquello de «Caudillo de España por la gracia de Dios»?)

En definitiva: entre la democracia ('Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes') y el absolutismo franquista, soviético o cubano, da igual, prefiero la dēmokratía, algo así a la manera de la Grecia antigua (sin entrar en detalles) a pesar de sus imperfecciones. Y hoy no sería prudente la 'república aristocrática' (Platón y Aristóteles), hipotético sistema en el cual gobiernan personas que desde el punto de vista ético -honestidad, honradez...- e intelectual -capacidad de pensamiento, reflexión e ideas aceptadas por sectores ciudadanos- hayan demostrado tales cualidades. (Sospecho ligera desestabilización si se aplicara a rajatabla el segundo condicionante.) Viene a cuento el preámbulo arriba expuesto, apreciado lector, porque ya estamos en prevísperas electorales (2023 viene cargado de urnas). Y en el ejercicio del constitucional derecho, los partidos salen de hibernaciones, abandonan monotonías, refrescan programas (algunos ya marchitos), revolucionan ('¡ciudadanos, ciudadanas; ustedes, ustedas…!') y rebrotan sonoros ruidos internos de naifes mansamente manejados hasta cuando termine la discusión sobre las listas.

Y como será época de sacrificios, la mayor parte de los políticos actuales (con o sin responsabilidades) aceptarán -henchidos de orgullo- las redesignaciones de sus partidos, pues no hay mayor honor que el de servir al municipio, la Isla, la comunidad o la nación. Siempre con las miras puestas en renovadas intenciones para equilibrar desajustes sociales y discrepancias educacionales, sanear la sanidad pública, fortalecer los derechos ciudadanos... O, según la izquierda canaria (IV Asamblea de Cargos Electos), con la noble intención de «impulsar la transformación social, económica y cultural del Archipiélago». (Nada concreto, eternas vaguedades.)

Cerrada ya, por suerte, la alternancia política PSOE – PP – PSOE dominante desde 1982 hasta hace poco, juveniles generaciones se preparan para irrumpir con prudencias y desasosiegos (o a pecho descubierto e insensatez, ¡loca y envidiable lozanía!). Y como quien no quiere la cosa algunas sacan a la voz pública palabras como «dinosaurio, ancestral, remoto, pleistoceno, antiguo...» para referirse a quienes, ya abuelitos, siguen en la política desde el milenio anterior (que los decenios de servicio avalan fidelidades y dan títulos de propiedad).

Así -valga un ejemplo-, EL periodista ('La Provincia') R. Acosta avanza que «la izquierda canaria» (sin el PSOE) vuelve a sus principios fundamentales para no perder tradiciones y continuidades: una vez más fragmenta, divide y fracciona la unidad de variadas sensibilidades que pretendió ser un día, pues «Las fracturas internas de Podemos provocan el surgimiento de Más Canarias, Reunir y Proyecto Drago v Todos quieren confluencia pero hay desconfianza». (Una sospecha: 'Proyecto Drago' es el último partido de la lista anterior y 'v', acaso, es un punto.)

La presencia de distintos grupos o formaciones será, pues, variadísima. Y cuando intenten conjuntarse para evitar la multiplicidad, aquí pasará lo de siempre a pesar de los varapalos recibidos una y otra vez: discutirán sobre cuotas de participación en las restringidas listas; polemizarán en torno a las sempiternas utopías; algunos recurrirán incluso a la 'pureza de sangre' para imponer su prioridad sobre otros… Y terminarán como siempre terminan: cuando no enemistados, sí subdivididos. Algunos pocos exigirán ser oposición si las urnas así lo deciden. Los más se arrimarán a «las fuerzas progresistas» para alcanzar, al menos, alguna dirección general. (También otros, claro: «El coordinador general del PP ha abierto este jueves la puertas a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, al igual que al resto de 'talento' que existe en Ciudadanos». 'La Razón'.)

Porque las nóminas son golosas, apetecibles e, incluso, embriagadoras, ideológicamente desestabilizadoras. Así, por ejemplo: el presidente del Parlamento de Canarias percibe casi 81 000 euros (así lo apunta la periodista B. Hernández en su sereno análisis del CANARIAS7, 22 octubre 2022). En el otro extremo, casi entre los más castigados, el diputado de a pie: solo 51 000 anuales («además de dos pagas extraordinarias. Las dietas dependen de la actividad y la isla de origen».) Y además sin responsabilidad alguna. Ni control horario. Ni rendimiento ante los ciudadanos. Ni gastos de desplazamientos. Ni justificaciones médicas por inasistencias a plenos / comisiones o inmediatas ausencias de los mismos. (Pero el señor consejero de Administraciones Públicas solo mira para los empleados públicos cuando defiende que las retribuciones deben estar ligadas a la productividad. ¡Su señoría juega 'pal pien!'.)

(Por cierto, estimado lector, ¿leyó el titular de 'El Confidencial,' octubre/22?: «El Parlamento Europeo elimina los controles sobre las dietas de los eurodiputados, 4342 euros mensuales». ¡Dito sea Dios, jueces y parte…!)