Primera plana

Pedro Sánchez y el encaje de Canarias

02/12/2019

El futuro político de Pedro Sánchez está en manos de ERC. Si los independentistas quisieran, están en disposición de dividir internamente al PSOE al tiempo que abrir un boquete de considerables proporciones en el sistema del 78. Otra cosa es que le compense en términos estrictos de electoralismo catalán, de ahí el pulso que está teniendo ERC frente a JxCat y la CUP. No tiene que ser nada fácil para ERC aguantar la presión que le viene por un lado de las siglas de la burguesía catalana (la extinta CiU) y, por el otro, desde una formación cuyo ideario es de naturaleza antisistema. Se confirma que el soberanismo catalán no tiene el peso político y social suficiente para declarar unilateralmente la independencia pero sí para bloquear la gobernabilidad del país y causar una crisis de Estado. Toda vez, este itinerario tiene sus derivadas políticas que implican igualmente al Gobierno de Canarias en cuanto qué apuesta realizar en los próximos cursos por parte del pacto de las flores protagonizado por el presidente Ángel Víctor Torres y el vicepresidente Román Rodríguez. La única carta que le queda a Sánchez es la huida hacia delante. Es decir, lograr (si es que lo consigue) la abstención de los 13 escaños de ERC para ejecutar en una legislatura que se aventura breve y con un Gobierno débil, la reformulación de la estructura territorial del Estado que llevará pareja una reforma constitucional. Tendría ERC que conformarse con un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña (a cambio también de un tripartito que encabezarían) pero que tiene el serio obstáculo para prosperar de que enseguida sería recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PP y Vox que interpondrían los correspondientes recursos de inconstitucionalidad. Por eso la vía del pacto territorial, contemplada constitucionalmente y que fue avalada en su día en referéndum, la tumbó el Tribunal Constitucional con la STC 31/2010 que desmanteló o reinterpretó una parte del articulado de la norma institucional básica que acordaron, en última instancia, José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas en La Moncloa. Sin ir más lejos, en la consulta ciudadana de aquel referéndum ERC (junto al PP, aunque por distintos motivos) solicitó el voto negativo porque consideraba que el texto final se había quedado corto en el proceso legislativo. En suma, un precedente importante para interpretar el presente político.

Al alimón del reto catalán, se ha activado la modificación del Estatuto de Guernica de 1979 con un PNV que de momento permanece en el posibilismo y, a su vez, queda por desarrollar el acervo estatutario canario: el despliegue efectivo del Estatuto de Autonomía de Canarias, el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la garantía presupuestaria del tratamiento que reciba el archipiélago tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en la potencial transformación del modelo de financiación autonómica, caduco desde 2014.

Si la legislatura arranca y se define una reordenación del marco estatutario de las nacionalidades históricas que implicaría, en todo caso, un reajuste del resto de autonomías (aquellas conocidas en su día como las comunidades autónomas del régimen común) puede darse la paradoja de que la reciente aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias quede formalmente en vigor pero materialmente desfasada y desigual ante la posición que arrebate Cataluña y el País Vasco a Madrid. Ese riesgo existe. Y, por supuesto, pronto las fuerzas centralistas (con Sánchez a la cabeza) intentarían frenar el encaje del archipiélago en esa aún inédita dimensión de descentralización constitucional por cimentar. No sería la primera vez. Volveríamos al periodo del inicio de la década de los años ochenta en los que se trató de que Canarias no se acogiese al artículo 151 de la Constitución (la vía rápida) y fuese una región más de la vía lenta del precepto 143 de acceso a la autonomía que fue remendada con la técnica legislativa plasmada en la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias (Lotraca).

El otro escenario que queda, en caso de no prosperar el acuerdo del PSOE con el independentismo catalán, es una gran coalición a la alemana o una abstención técnica que el PP rechazaría porque no le conviene por cómo quedaría entonces Pablo Casado ante Vox en cuanto a quién ejercerá de líder de la oposición y, en el mejor de los supuestos, los populares exigirían la retirada de Sánchez. Además, él mismo ya renegó de esa posibilidad cuando la investidura de Mariano Rajoy e hizo justo de este relato la explicación de su retorno a Ferraz tras vencer a Susana Díaz y al aparato socialista.

De todas formas, los tiempos y el ritmo de su administración no es igual para el PSOE que para ERC. Aquí radica, en buena medida, la complejidad del diálogo actual. A buen seguro, la negociación entre los socialistas y los independentistas se prolongará más allá de la Navidad y ya desde La Moncloa están advirtiendo de que Sánchez no se prestará a una sesión de investidura fallida, como la del verano pasado, en la que sufra otro desgaste. De esto ocurrir, la duda sobre la marcha será despejar quién se ofrecerá a modo de voluntario para activar el mecanismo de investidura aunque sea para que se ponga en marcha el reloj y tener que ir a unas terceras elecciones. Preocupación que sobrevolará ahora en la cabeza de Felipe VI que, por su parte, también barrunta la enjundia que puede alcanzar la crisis de Estado que se otea.

Cualquier tipo de acuerdo entre el PSOE y el PP, sea por activa o por pasiva, supondría una merma considerable de las expectativas del PSOE a medio plazo que de por sí ya acusó un retroceso electoral el 10N con respecto al 28A cuando jugó a regresar a la época del bipartidismo y zamparse en las urnas a Podemos. El principio de realidad se impuso en forma de multipartidismo y en tan solo un par de jornadas Sánchez tuvo que perpetrar uno más de sus bandazos habituales para, ahora sí, procurar la gobernabilidad sobre aquellos (Podemos y los nacionalismos periféricos) que precisamente le permitieron llegar a La Moncloa haciendo triunfar la moción de censura presentada ante Rajoy.

Si ERC se contenta con un tripartito en Cataluña emulando al capitaneado por los socialistas Pasqual Maragall (2003-2006) y José Montilla (2006-2010) pero ejerciendo la Presidencia, aún Sánchez atesorará crédito político. De lo contrario, quedará acorralado y engullido por las reacciones de las derechas mesetarias, el hipotético precio que le pusiera Casado para una abstención técnica a favor del PSOE y por la decisión de ERC de no desmarcarse del resto de la bancada independentista.

La tesitura que atraviesa el sistema constitucional producto de los factores mencionados, confirma que no asistimos a un comienzo potencial de una legislatura sin más sino ante un punto de inflexión que afectará a toda la arquitectura estatutaria prospere o no el procés. O se reafirman las tesis de las derechas mesetarias, probablemente a un coste muy alto para perjuicio de las singularidades territoriales, al estilo del autoritarismo español del siglo XX agitado y molesto ante la experiencia democratizadora de la Segunda República, o se busca acomodo a las demandas catalanas (y vascas) que nos llevarían a otra dimensión por explorar. Sin embargo, en uno u otro escenario el nacionalismo canario está obligado a reaccionar o quedará relegado por las fuerzas centrípetas jaleadas por el posautoritarismo o por los logros de Cataluña y el País Vasco que no querrá Madrid exportar, bajo ningún concepto, a Canarias. Y fruto de ello, y porque la inercia institucional se ve sujeta a la lógica de los partidos especialmente en la era del multipartidismo, irrumpiría antes o después una tensión difícil de solventar entre el PSOE y Nueva Canarias. Con todo, asistimos a una crisis constitucional.